Más medidas financieras
Más medidas financieras
El Consejo de Ministros fue el preludio para la puesta en marcha de otras destacadas decisiones económicas, que este sábado 1ro. de septiembre entrarán oficialmente en vigor.
- Subida del IVA: se trata de un impuesto aplicado al consumo que se incrementará del 18 al 21% en el tipo general, que incluye ropa, tabaco, alcohol, coches o electricidad, entre otros productos. El tipo reducido, aplicado a productos como el transporte, los restaurantes o los alimentos elaborados, subirá del 8 al 10 %. Los únicos productos cuyo precio no subirá serán aquellos con el llamado tipo superreducido, como alimentos frescos, medicamentos, periódicos o viviendas de protección oficial.
- Creación del "banco malo": este curioso ente forma parte de la nueva reforma del sector financiero español, y se encargará de liquidar los activos tóxicos de las entidades.
- Reestructuración o liquidación de entidades inviables, por parte del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que tendrá potestad para intervenir en bancos con problemas y sanear el sistema.
- Limitación de la retribución fija para responsables de entidades financieras con ayudas públicas, que será de un máximo de 500.000 euros (en torno a 600.000 dólares).
- Obligación de elevar el nivel de solvencia para las entidades financieras, que asciende del 8 al 9%. Se exigirá a todas, mientras que anteriormente sólo estaban obligados los grandes bancos españoles.
De esta manera, cuando se preste atención sanitaria a aquellas personas que no residan legalmente en España, la cobertura se tendrá que abonar. La vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría matizó, sin embargo, que esto no significa que estas personas no tengan derecho a ser atendidas y que “no va a haber desatención sanitaria”.
"Cuando van a otro país, España paga por ustedes, o pagan sus estados de origen a través de los convenios bilaterales o de los sistemas de compensación de la Unión Europea, o pagan los propios extranjeros, a los que se pasa ese coste", señaló la vicepresidenta.
Esta reforma del sistema de salud pública estipula que los inmigrantes en situación irregular sólo serán atendidos gratuitamente en situación de urgencia, cuando sufran de una enfermedad transmisible o crónica (si estaban siendo atendidos antes del 31 de agosto de 2012), en caso de embarazo o si son menores de 18 años.
Para el resto de casos, la factura de la asistencia sanitaria para estas personas se pasará al país de origen del inmigrante, en el caso de que éste tenga firmado un convenio de colaboración bilateral con España.
El ministerio de Sanidad especificó que, en el caso de no poder abonar los gastos, los indocumentados no pasarán a ninguna lista de morosos. Si esa persona regulariza su situación y sigue viviendo en España, se le podrá reclamar la factura “como hace cualquier empresa”.
El anuncio de la puesta en marcha de esta medida generó polémica en distintas comunidades autónomas del país. Algunas de ellas se niegan a acatarla, por lo que el gobierno les comunicó que deberán asumir el coste de la asistencia sanitaria para los inmigrantes sin papeles.
Aquellas regiones que quieran atender a los indocumentados deberán “definir cómo lo van a sufragar en su ámbito de competencia”, según Sáenz de Santamaría. El ministerio de Sanidad, no obstante, anulará la tarjeta sanitaria de estas personas en situación irregular y de todos aquellos que no cotizan a la Seguridad Social.
Las regiones de Galicia, País Vasco, Andalucía, Cataluña, Asturias y Canarias serán las que se rebelen ante esta medida. Todas ellas, excepto Galicia, están gobernadas por partidos de la oposición. Podría darse la situación de que estas comunidades tuviesen que crear una nueva tarjeta sanitaria para poder atender a esas personas.
No sólo se han rebelado algunas regiones: más de un millar de médicos españoles se han negado a acatar la decisión por “motivos humanitarios”.
A día de hoy residen en España unos 150.000 inmigrantes no comunitarios en situación irregular.
