Los hispabonos: ¿una solución?
Los hispabonos: ¿una solución?
Los problemas de financiación de las comunidades autónomas parecen ser una fuente de problemas para el gobierno español, que recientemente planteó los llamados "hispabonos" como una salida.Los hispabonos, como explica Juan José Toribio, consistirían en "la emisión de bonos por parte del gobierno central, para poder financiar a las comunidades autónomas, sin que sean ellas las que emitan su propia deuda".
La propuesta, que podría presentarse esta semana en función del transcurso del Ecofin, podría ayudar a mejorar el rating de estas comunidades, que internacionalmente se acerca al bono basura. Sin embargo, para el experto del IESE su aplicación es "prácticamente imposible actualmente, porque al gobierno le benefician más los eurobonos a la hora de colocar su deuda".
Los llamados eurobonos han sido firmemente rechazados por los países con superavit de la Unión Europea, como es el caso de Alemania o Finlandia, porque reduciría su solvencia y extendería el problema de la deuda a un nivel global en la zona euro.
"Es muy pronto para que se pongan en marcha, y no veo posible que, por ahora, Alemania cambie su opinión. No obstante, creo que a largo plazo esto va a ser inevitable. Europa ha de avanzar hacia una mayor centralización en lo fiscal y lo bancario", considera Toribio.
Las decisiones ya se han comenzado a tomar. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, declaró este lunes que “estamos en un tránsito hacia una fiscalidad menor para el trabajo y mayor en el ámbito indirecto”, lo que se traduciría en que la esperada subida del IVA, un impuesto indirecto que afecta al consumo, está por llegar en los próximos días; una medida que, hace apenas un año, el primer ministro español, Mariano Rajoy, calificó de “disparate”.
Asimismo, el ministro anunció otras medidas como la disminución de funcionarios y el reforzamiento de las condiciones para acceder y permanecer en la Administración pública.
En un curso de verano en una universidad madrileña, Montoro expuso su idea de “asimilar muchos elementos del estatuto del trabajador privado” en el campo público; y defendió la filosofía del esfuerzo como método de mantenimiento en la Administración.
“La oposición es un método de selección para que estén al servicio público los mejores, no para tener un puesto seguro frente al resto”, aseguró.
En este sentido, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, defendió el establecimiento de “incentivos sociales, fiscales y laborales” para aquellas personas que trabajen, de manera voluntaria, más allá de los 65 años, la edad de jubilación establecida en España.
“El esfuerzo tiene que ser premiado, por lo que quienes alarguen su vida serán recompensados por el sistema”, declaró en su anuncio, este lunes, de nuevos métodos de compatibilidad entre salarios y pensiones.
La semana pasada, además, se planteó la posibilidad de aumentar los impuestos medioambientales a través de medidas como el llamado “céntimo verde”, un incremento de entre 3 y 5 céntimos de euro por cada litro de hidrocarburo, o las tasas sobre actividades contaminantes.
Efectividad de las medidas
La incógnita sigue siendo si estas medidas serán suficientes para rescatar a España del agujero del déficit. Para el profesor emérito de Economía de la escuela española de negocios IESE, Juan José Toribio, las estrategias para incrementar la recaudación fiscal son adecuadas porque “el IVA español es el más bajo de la Unión Europea, por lo que pueden incrementarlo sin dificultad”.
“Además, se va a eliminar la deducción por compra de vivienda en el IRPF y a reducir las contribuciones a la Seguridad Social para que el costo salarial sea menor. Sin embargo, son todo medidas temporales, hasta que la economía española crezca”, explicó en declaraciones a la Voz de América.
Toribio apuesta porque se tomen “reformas estructurales más enérgicas”, como la simplificación de la reforma laboral, que dé lugar a un “mercado de trabajo más flexible”, la liberalización de horarios de grandes unidades comerciales y de los alquileres, el incremento de los peajes en las autopistas o la disminución del gasto autonómico.
De tomarse, estas profundas decisiones podrían ser, a corto plazo, contraproducentes, según Toribio, pero beneficiosas a medio plazo. El déficit se reduciría y, aunque el consumidor español se vería perjudicado en un primer momento, “podría empezar a entender que las cosas se están gestionando bien y aumentar su confianza. En un año, podría producirse un crecimiento y se generaría empleo”, apuntó.
