![Organismos humanitarios advierten del incremento de desplazados por agudización del conflicto armado en la región del Catatumbo, Colombia, atrapados entre luchas de grupos armados que se disputan territorio por control de drogas. [Foto: Cortesía Consejo Noruego para Refugiados]](https://gdb.voanews.com/6aa9b894-5542-4b20-8432-08dd4a843460_cx0_cy3_cw0_w250_r1_s.jpg)
La escalada bélica en el norte de Colombia mantiene a unas 80.000 personas atrapadas en fuego cruzado en la región del Catatumbo, donde los enfrentamientos entre las guerrillas del ELN y disidencias de las extintas FARC, advirtió este viernes el Consejo Noruego para los Refugiados (NRC, en inglés).
La organización no gubernamental indicó en un comunicado que las comunidades afectadas “enfrentan graves amenazas y necesidades humanitarias urgentes”.
El NRC estima que desde el 16 de enero hasta la fecha, “la asombrosa cifra de personas desplazadas forzosamente” supera el total de movilización de todo el país durante el año 2024, lo que evidencia la gravedad de la situación.
“No habíamos visto una crisis humanitaria de esta magnitud en Colombia en casi 30 años. La reciente declaración del gobierno de un ‘estado de conmoción interna’ lo deja claro: esta crisis creciente requiere solidaridad internacional adicional”, dijo Giovanni Rizzo, director para Colombia del NRC.
La organización hizo llamado a las autoridades para que se priorice la protección de la población civil afectada y se garantice el acceso a la ayuda humanitaria a los sitios de refugio.
Rizzo aseguró que el país suramericano “no puede aceptar esta situación como la nueva normalidad” y que la protección de la población civil debe ser integral en toda la región del Catatumbo.
Confluencia de drogas y violencia
Las cifras oficiales contaban en las primeras semanas de escalada unos 36.000 desplazados, con un promedio de 700 personas por día. A la fecha la cifra supera las 52.000 personas que han tenido que abandonar sus hogares debido a la violencia.
El director para Colombia del NRC llamó al gobierno del presidente Gustavo Petro a “priorizar” la seguridad de los habitantes de esa zona limítrofe con Venezuela.
Según la oenegé Human Rights Watch (HRW) “la falta de control pleno y efectivo por parte del gobierno” desde hace años, ha permitido la continuidad de la violencia y abusos contra la población civil.
Los actores más destacados en el conflicto en esa zona son el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Ejército Popular de Liberación (EPL) enfrentados desde hace siete años. HRW ve a otros grupos de disidentes que conforman células armadas en esta convulsa región.
Organismos humanitarios coinciden en que la población civil sigue atrapada en un entorno donde se cometen numerosos abusos como asesinatos, desapariciones, violencia sexual contra mujeres, reclutamiento infantil y desplazamiento forzoso de la población, la que se han agudizado en los últimos 30 días.
La emergencia del Catatumbo fue reconocida por la Defensoría del Pueblo de Colombia, que alertó de siete de los 32 departamentos del país podrían registrar desplazamientos, lo cual podría agudizar la crisis humanitaria. El NRC instó a “actuar de inmediato”.
“Cualquier escalada adicional desencadenaría un sufrimiento inmenso, destruiría comunidades y extinguiría las esperanzas de un futuro mejor”, en esa región, dijo el director Rizzo.
El plan del gobierno
El gobierno de Colombia anunció a principios de febrero un plan para “proteger las tierras de las comunidades desplazadas” y permitirles el regreso seguro al Catatumbo a los campesinos a través del plan de la Agencia Nacional de Tierras (ANT).
Los grupos armados se disputan las tierras que durante décadas ocupó las desparecidas Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC) que pactó la paz con el gobierno en 2016. Bogotá busca legalizar las fincas para campesinos o como refugios silvestres.
El decreto de conmoción interna firmado por el presidente Gustavo Petro el 24 de enero, cubre 16 municipios del norteño departamento de Santander, incluidos los 11 poblados del Catatumbo, y tiene una vigencia de 90 días bajo el argumento que “el ELN ha escalado de manera imprevisible a una magnitud que desborda la capacidad ordinaria del Estado”.
La administración de Gustavo Petro también aseguró en la publicación oficial que “el gobierno tendrá las facultades estrictamente necesarias para conjurar las causas de la perturbación e impedir la extensión de sus efectos”.
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