![ARCHIVO - Guerrilleros del Frente 33 de las disidencias de las FARC, con los que se enfrenta el ELN en el Catatumbo. Fotografía tomada el 12 de diciembre de 2024 en el Catatumbo, Colombia. [Foto: Johan Reyes, VOA].](https://gdb.voanews.com/24d65559-2dac-4456-9782-3cebf2ae1b1d_w250_r1_s.jpg)
La política de "paz total" impulsada por el presidente Gustavo Petro, con la que intenta una salida negociada al conflicto con los diversos actores armados, enfrenta un duro golpe por cuenta del enfrentamiento entre guerrillas en la región del Catatumbo.
La lucha armada entre los rebeldes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las FARC ha generado una de las peores crisis sociales de los últimos años en el país. Según la Defensoría del Pueblo, 52 mil personas han sido desplazadas, el 17 % de los 300.000 habitantes de esta región.
Además, 32.000 personas más se encuentran confinadas y no han podido salir de sus casas porque están en medio del fuego cruzado de las guerrillas.
La situación provocó la ruptura de la mesa de diálogos con el ELN, marcando un nuevo revés en la política de paz por la “fragmentación” de los principales grupos ilegales que han estado en los procesos de paz que adelanta el ejecutivo de Petro, señalan los analistas consultados por la Voz de América.
El desafío: fragmentación de grupos armados
Los expertos apuntan que la división de los grupos armados ha llevado a un recrudecimiento del conflicto. El ELN y las dos disidencias de las FARC: el Estado Mayor Central (EMC) y la Segunda Marquetalia, son los tres grupos rebeldes en los que se ha centrado la “paz total”.
Estos se han dividido internamente dando lugar a facciones independientes que se disputan el control territorial, lo que ha “dificultado” las negociaciones con estas organizaciones que en un principio parecían unificadas.
“No hubo una lectura de contextos, el gobierno le ha faltado entender cuáles son las motivaciones de cada grupo armado dentro del territorio y las configuraciones que ellos mismos han realizado para mantener el control”, explicó Juana Cabezas, investigadora de la oenegé Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz.
“El gobierno no midió las voluntades de los grupos armados y qué tan interesados estaban en la “paz total” y esas son las fallas que estamos viendo ahora”, añadió.
Para Francisco Daza, coordinador de la línea de Paz, Posconflicto y Derechos Humanos de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), los grupos adoptaron en el desarrollo de la política de paz “atomizarse” en busca de ampliar su control en sus zonas de operación.
“Estamos viendo que esta fragmentación está derivando en nuevos conflictos a nivel territorial, conflictos que no estaban anteriormente contemplados en el tablero de la violencia en el país”, destacó Daza.
La paz, cada vez más lejana
La ruptura de las conversaciones de paz con el ELN, apuntan los analistas, marca un punto de “inflexión” de la ambiciosa promesa de “paz total” del mandatario colombiano.
“Estamos viendo que esta simultaneidad de procesos y de conflictos que se han generado en el marco de la paz total ahora marcan un reto para la fuerza pública para cubrir de forma permanente estas zonas donde se están presentado estas oleadas de violencia”, reseñó Daza.
En ese orden, para Juana Cabezas, el fracaso parcial de los diálogos con el ELN, sin duda es un “golpe” a su política de "paz total".
“En algunas zonas la política de paz ha logrado reducir la violencias; además, se han alcanzado algunas cosas en términos de inversión que han sido importantes para las poblaciones afectadas por el conflicto armado, pero el que hoy no haya nada concreto en términos de negociar la paz, en definitiva sí deja un sinsabor frente a la paz total”, remarcó.
“Hay que ser realistas, no se va a poder firmar nada con ningún grupo en el corto tiempo que queda de mandato de Gustavo Petro, porque las condicionantes que hay al interior de los grupos no le va a permitir firmar un acuerdo de paz como el que vimos en 2016”, detalló Cabezas.
En ese sentido, destacaron que el ejecutivo “debe” reorientar su política en estas zonas marcadas por la violencia y donde estos grupos que no “tienen” voluntad de negociar, para evitar que continúen ampliando sus operaciones en sus territorios.
“Allí, en estas zonas, hay unas limitaciones de acceso a la institucionalidad por lo cual se vuelve un reto de Estado poder cubrir efectivamente estas zonas históricamente afectadas por el conflicto, y por lo tanto se debe fortalecer a las fuerzas militares para que tengan un copamiento militar efectivo en el marco de los derechos humanos”, concluyó Daza.
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