Un tribunal superior de El Salvador suspendió el reintegro de los 301 millones de dólares que el expresidente Tony Saca confesó ante un juez haberse apropiado de la arcas del Estado en complicidad con varios de sus exfuncionarios, se informó el sábado.
El 9 de agosto de 2018, Saca confesó ante un juez que desvió fondos de las arcas del Estado para favorecer a sus empresas y terceros, y el 12 de septiembre fue condenado a 10 años de prisión y a regresar al Estado 260 millones de dólares.
La Cámara Segunda de lo Penal resolvió varios amparos presentados por los abogados defensores y revocó la condena impuesta por el Tribunal Segundo de Sentencia que ordenó que Saca respondiera civilmente por 260 millones de dólares del total sustraído de los fondos públicos.
También favoreció a tres exfuncionarios más cercanos y tres exempleados de Casa Presidencial, a quienes se les había ordenado regresar el resto del dinero sustraído durante la administración de Saca de 2004 a 2009.
Saca y los demás funcionarios condenados continúan presos en el Penal La Esperanza, en la periferia norte de la capital, ya que el fallo de la cámara no afecta esa parte de su condena.
Al resolver los amparos, la Cámara de lo Penal dijo que tanto Saca como los otros seis vinculados a la trama de corrupción, no deben de regresar el dinero por el momento, y ordenó que se siga el proceso de recuperación del dinero apropiado, a través de un juicio civil.
El secretario de actuaciones de la Cámara, Rodrigo Hernández, dijo a los periodistas que la resolución no anula el reintegro del dinero, sino que otorga oportunidad para que la Fiscalía presente ante un juzgado civil un nuevo caso en el que defina de mejor manera las cantidades que deben regresar los exfuncionarios y exempleados de Casa Presidencial.
Según la resolución, la suspensión se debe a que durante el juicio penal la Fiscalía General de la Republica no pudo determinar la cantidad exacta que deberían de regresar cada uno de los vinculados a la red de corrupción que enquistada en Casa Presidencial.
Agrega que, “esta Cámara analizó la fundamentación que utilizó el Tribunal Segundo de Sentencia y determinó que la única prueba valorada para el área de los civil, es decir, la pericia financiera contable, no determina de forma exacta el monto por que debían de responder los imputados”, señala la resolución.
Hernández explicó que según la pericia ofrecida por la Fiscalía durante el proceso, “tuvo limitaciones como la imposibilidad de valorar la documentación solicitada” y se advierte que la Cámara verificó otros supuestos beneficiarios, entre éstos personas naturales y jurídicas, que no se tomaron en cuenta.
La Cámara también modificó la condena de 16 años de prisión que pesaba sobre Pablo Gómez, uno de los contadores de Casa Presidencial y le impuso un año, un mes y 10 días de cárcel, por lo que debería de recuperar de inmediato la libertad ya que la nueva pena es menor a tres años.
Pero Gómez no recuperará la libertad ya que también está implicado en el caso conocido como “Saqueo Público”, otro caso de corrupción por el que también está siendo procesado el expresidente Mauricio Funes, acusado de desviar 351 millones de dólares de las arcas del Estado. Funes y parte de su familia están asilados en Nicaragua desde septiembre de 2016.
Además el Tribunal modificó las condenas para Francisco Arteaga, exdirector de Finanzas de Casa Presidencial, y para Jorge Herrara, empleado contable, quienes solo deberán de cumplir tres años de prisión. Modificó las penas para los tres exempleados porque consideró que “solo fueron cómplices necesarios”, ya que se limitaban a cumplir órdenes.
Según la condena del Tribunal de Sentencia el expresidente Saca debía de regresar al Estado 206 millones de dólares; el exsecretario Privado, Elmer Charlaix, 15 millones de dólares; el exsecretario de Comunicaciones, Julio Rank, ocho millones; y el exsecretario de Juventud, César Funes, 886.697 dólares. Los exempleados de Casa Presidencial, Francisco Rodríguez Arteaga, siete millones; Jorge Herrara, tres millones; y Pablo Gómez cinco millones.
Saca, que llegó al poder postulado por el derechista partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena), fue detenido el 30 de octubre de 2016 y es el tercer exmandatario salvadoreño en ser procesado judicialmente por enriquecimiento ilícito o por desvío de recursos públicos durante su mandato. Los otros son Francisco Flores (1999-2004), quien murió de un derrame cerebral mientras estaba en arraigo familiar, y Mauricio Funes (2009-2014).
