El expresidente salvadoreño Tony Saca solicitó el martes someterse a un proceso abreviado y admitir su responsabilidad en los cargos penales que se le imputan por haber sobornado a una empleada judicial.
Saca, de 54 años, que ya cumple una condena de 10 años en el penal La Esperanza, en la periferia de San Salvador, por el desvío de más de 300 millones de dólares de las arcas del Estado para favorecer a sus empresas y terceros, llegó a enfrentar la audiencia preliminar en un juzgado junto a otras 14 personas que supuestamente formaban parte de una red que se dedicaba a sobornar a empleados del sistema judicial a fin de obtener información de procesos y de esa forma favorecer a imputados.
El procedimiento abreviado es una figura procesal que consiste en la admisión de los hechos por parte del imputado, quien además otorga su consentimiento para poder prescindir de toda la formalidad del debate y dictarse sentencia de un modo simplificado.
La Fiscalía General acusa al expresidente por el delito de cohecho activo, que según el Código Penal ocurre cuando una persona ofrece o entrega a un funcionario o empleado público una dádiva o cualquier otra ventaja indebida para que ejecute un acto contrario a sus deberes oficiales o para que no realice o retarde un acto.
Saca está acusado de sobornar Ángela Avelar Salinas, empleada de la Cámara Primera de lo Civil, quien supuestamente filtraba información vinculada con un proceso civil en su contra por el delito de enriquecimiento ilícito.
La pena de cárcel es de seis a diez años de prisión, pero al someterse al proceso abreviado y admitir su responsabilidad, el exmandatario podría ser beneficiado con una reducción del castigo.
La Jueza Nora Montoya separó el caso contra el expresidente de los otros y otorgó 48 horas al Ministerio Público para responder a la solicitud de proceso abreviado.
"Consideramos que se trata nada más de un mero trámite. Lo único que se ha dado es una separación de juicios que tiene la finalidad de darle espacio a la Fiscalía para que realice este trámite", explicó el abogado defensor Luis Palencia.
En septiembre de 2018, un tribunal sentenció al exmandatario a diez años de prisión por los delitos peculado, lavado de dinero y activos al desviar más de 300 millones de dólares de los fondos públicos. También fue condenado a responder civilmente por 200 millones de dólares.
Cinco de sus viejos colaboradores también se declararon culpables durante el juicio para obtener una condena menor.
Saca también enfrenta un juicio civil por enriquecimiento ilícito, la Fiscalía lo acusa de incrementar sus patrimonio en 3,9 millones de dólares cuando fungió como mandatario, mientras que su esposa Ana Ligia Mixco enfrenta un proceso por no justificar el origen de más de 589.000 dólares.
Además el exmandatario enfrenta una denuncia junto al fallecido expresidente Francisco Flores y otras tres personas vinculadas al derechista partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena) por su presunta participación en el desvío de diez millones de dólares que donó el gobierno de Taiwán para ayudar a los damnificados de los terremotos de 2001.
Según las investigaciones, parte del dinero fue a parar a las cuentas del partido Arena que llevó a Flores y a Saca a la presidencia de la República, y el resto quedó en manos del fallecido expresidente.
