En medio de la pandemia de COVID-19, la enfermedad causada por el nuevo coronavirus, en El Salvador las autoridades enfrentan un repunte de la violencia homicida que ha dejado durante seis días consecutivos 150 asesinatos, entre ellos siete mujeres.
La situación pone al descubierto la fragilidad de la reducción de homicidios que había presentado el gobierno como un logro.
Sin aplicar el distanciamiento social en las celdas, las autoridades ordenaron aislamiento total de los reclusos.
El viceministro de Seguridad y director Ad Honorem del sistema carcelario, Osiris Luna, defendió la actuación del gobierno.
“Aquí no es un estado de emergencia, no es necesario solicitar a los jueces de vigilancia penitenciaria, el aplicar este régimen, porque el régimen ya está dentro de la legislación”, indicó Luna.
Entre tanto, dos congresistas estadounidenses pidieron al presidente salvadoreño, Nayib Bukele, que respete la democracia.
Eliot Engel, de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, y Albio Sires de la Subcomisión de Asuntos del Hemisferio Occidental, dirigieron una carta al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, para pedirle que respete las normas democráticas, tanto para atender la emergencia de COVID-19, como para enfrentar la criminalidad.
Ricardo Sosa , un especialista en criminología, reaccionó ante la posición de los congresistas estadounidenses.
“El presidente Bukele tiene todos los instrumentos para que se respete la soberanía del pueblo salvadoreño, así como nosotros no nos involucramos... como ciudadanos salvadoreños, no nos involucramos en las decisiones de otras naciones”, señaló Sosa.
Organismos como como la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas también han expresado su preocupación por la supuesta vulneración del Estado de derecho con las acciones para enfrentar la epidemia de COVID-19.