Un juzgado salvadoreño ordenó el lunes arresto domiciliario para el exministro de Justicia y Seguridad Pública, René Mario Figueroa, mientras es procesado por el delito de lavado de dinero y activos.
El Juzgado Tercero de Paz de San Salvador decretó que el caso continuará en la etapa de instrucción, pero ordenó que para gozar del arresto domiciliar, Figueroa debe pagar una fianza de 50.000 dólares, no cambiar de residencia, no salir del país y presentarse al juzgado a firmar periódicamente.
Por su parte, Celia Alvarenga de Figueroa, la esposa de Figueroa, que también está acusada de lavado de dinero, seguirá siendo procesada, en libertad bajo medidas sustitutivas, que consisten en no cambiar de residencia, presentarse al Juzgado a firmar periódicamente, así como también le queda prohibido salir del país.
El ministerio Público asegura que el exministro no pudo justificar un incremento patrimonial por más de tres millones de dólares, mientras que su esposa está acusada de lavar 500.000 dólares.
El abogado defensor Miguel Girón dijo que como abogado defensor esperaba que el juez ordenara libertad definitiva para ambos, “pero así son estas cuestiones y vamos a tratar de cumplir con las medidas decretas por el juez”.
Al conocer el fallo del juzgado, el Fiscal General, Raúl Melara, expresó su desacuerdo: “La erradicación de la impunidad seguirá siendo un reto si no tenemos jueces valientes que apoyen a la gente. Vamos a apelar la resolución”, publicó en su cuenta oficial de Twitter.
Figueroa desempeñó el cargo durante el gobierno del expresidente Tony Saca (2004-2009), quien cumple una condena de 10 años en el penal La Esperanza, en la periferia de San Salvador, por el desvío de 301 millones de dólares de fondos públicos para favorecer a sus empresas y terceros. En septiembre de 2018 el expresidente pidió un proceso abreviado y, después de confesar sus delitos, un tribunal lo sentenció por peculado, lavado de dinero y activos.
El exministro y su esposa Cecilia de Figueroa ya enfrentan un juicio civil por enriquecimiento ilícito. El Ministerio Público les exige la devolución de más de un millón de dólares que supuestamente se habrían apropiado de las arcas del Estado.
Según la denuncia presentada por la Unidad Anticorrupción del Ministerio Público, durante la pesquisa se detectaron 18 irregularidades en depósitos, pagos de tarjetas de crédito y de préstamos, y compra de vehículos e inmuebles.
Este es el quinto exfuncionario de Saca procesado por corrupción. Dos exsecretarios privados y los ex secretarios de Juventud y Comunicaciones también han sido acusados. Tres de ellos fueron juzgados junto al exmandatario.
