Republicanos y demócratas se culpan unos a otros de los efectos adversos que tendrán para el país los drásticos recortes presupuestarios que entrarían en vigor este viernes 1de marzo a menos que los legisladores y la Casa Blanca lleguen a un acuerdo de última hora que lo evite.
El presidente Barack Obama dijo la víspera que no existe una manera inteligente de reducir $85 mil millones de dólares del presupuesto en siete meses, que es precisamente lo que está en juego.
También se quejó de la propuesta hecha por senadores republicanos de que sea él quien decida dónde recortar y dónde no, cuando lo ideal sería lograr un consenso para impedir que millones de estadounidenses se perjudiquen.
Los republicanos echan en cara a Obama no haberle hecho frente de manera decidida a los “problemas de gastos” que se le atribuyen al gobierno, lo que a su juicio ha conducido al abultado déficit fiscal de la nación.
Los demócratas alegan que ciertos programas sociales como el Medicaid y el Medicare (seguros de salud pública para pobres y ancianos) implican gastos necesarios que no se pueden ignorar.
Se supone que el “sequester” (secuestro de fondos), como se ha denominado a los recortes, signifiquen el ahorro de $1,2 billones de dólares durante la próxima década, y el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano John Boehner, ha dicho que se opone a posponerlos si no se adoptan ahora rebajas significativas en los gastos del gobierno.
El mayor impacto de las reducciones a corto plazo se teme que sea sobre las fuerzas armadas, que tendrían que prescindir por lo pronto de $46 mil millones de dólares, lo que ha llevado a muchos analistas a preguntarse en qué medida repercutirán los recortes en la seguridad nacional. De acuerdo con el jefe saliente del Pentágono, Leon Panetta, el daño sería de envergadura.
Las consecuencias del “sequester” serían además nefastas para millones de ciudadanos que trabajan para el gobierno, en las escuelas, en el transporte aéreo, y además para los desempleados, los controladores aéreos, los guardias en parques nacionales, y hasta los inspectores de alimentos.
La Agencia Federal de Aviación encara recortes de $600 millones de dólares, y según un reporte oficial tendría que privar de al menos una jornada de trabajo por cada período de pago a la mayor parte de sus 47 mil empleados.
También la agencia que se encarga de garantizar la seguridad en el transporte se vería forzada a reducir horas de trabajo a sus inspectores, lo que se traduciría en el aumento de 30 a 50 por ciento del tiempo utilizado para chequear a pasajeros y equipajes en los aeropuertos.
En total, aproximadamente 2 millones de empleados federales tendrían que tomar obligatoriamente licencias sin sueldo por espacio de hasta 22 días, y más de tres millones de personas que se estiman estarían desempleados entre marzo y septiembre próximos verían disminuidos sus beneficios en casi 10 por ciento.
Unos cuatro millones de ancianos que necesitan asistencia para alimentarse y que se benefician del programa federal denominado “Meals on Wheels” (Comidas sobre ruedas), también serán perjudicados, así como alrededor de 70 mil niños de familias de bajos ingresos inscritos en programas de cuidado infantil o preescolar.
Solamente en California, más de mil maestros tendrían en peligro su trabajo debido a potenciales rebajas de más de $87 millones a las escuelas primarias y secundarias y $63 millones para educación especial.
En adición, más de 9 mil estudiantes de bajos ingresos dejarían de recibir ayuda financiera para la universidad, y los pequeños negocios en el estado dispondrían de $900 millones menos en préstamos garantizados.
El presidente Barack Obama dijo la víspera que no existe una manera inteligente de reducir $85 mil millones de dólares del presupuesto en siete meses, que es precisamente lo que está en juego.
También se quejó de la propuesta hecha por senadores republicanos de que sea él quien decida dónde recortar y dónde no, cuando lo ideal sería lograr un consenso para impedir que millones de estadounidenses se perjudiquen.
Los republicanos echan en cara a Obama no haberle hecho frente de manera decidida a los “problemas de gastos” que se le atribuyen al gobierno, lo que a su juicio ha conducido al abultado déficit fiscal de la nación.
Los demócratas alegan que ciertos programas sociales como el Medicaid y el Medicare (seguros de salud pública para pobres y ancianos) implican gastos necesarios que no se pueden ignorar.
Se supone que el “sequester” (secuestro de fondos), como se ha denominado a los recortes, signifiquen el ahorro de $1,2 billones de dólares durante la próxima década, y el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano John Boehner, ha dicho que se opone a posponerlos si no se adoptan ahora rebajas significativas en los gastos del gobierno.
El mayor impacto de las reducciones a corto plazo se teme que sea sobre las fuerzas armadas, que tendrían que prescindir por lo pronto de $46 mil millones de dólares, lo que ha llevado a muchos analistas a preguntarse en qué medida repercutirán los recortes en la seguridad nacional. De acuerdo con el jefe saliente del Pentágono, Leon Panetta, el daño sería de envergadura.
Las consecuencias del “sequester” serían además nefastas para millones de ciudadanos que trabajan para el gobierno, en las escuelas, en el transporte aéreo, y además para los desempleados, los controladores aéreos, los guardias en parques nacionales, y hasta los inspectores de alimentos.
La Agencia Federal de Aviación encara recortes de $600 millones de dólares, y según un reporte oficial tendría que privar de al menos una jornada de trabajo por cada período de pago a la mayor parte de sus 47 mil empleados.
También la agencia que se encarga de garantizar la seguridad en el transporte se vería forzada a reducir horas de trabajo a sus inspectores, lo que se traduciría en el aumento de 30 a 50 por ciento del tiempo utilizado para chequear a pasajeros y equipajes en los aeropuertos.
En total, aproximadamente 2 millones de empleados federales tendrían que tomar obligatoriamente licencias sin sueldo por espacio de hasta 22 días, y más de tres millones de personas que se estiman estarían desempleados entre marzo y septiembre próximos verían disminuidos sus beneficios en casi 10 por ciento.
Unos cuatro millones de ancianos que necesitan asistencia para alimentarse y que se benefician del programa federal denominado “Meals on Wheels” (Comidas sobre ruedas), también serán perjudicados, así como alrededor de 70 mil niños de familias de bajos ingresos inscritos en programas de cuidado infantil o preescolar.
Solamente en California, más de mil maestros tendrían en peligro su trabajo debido a potenciales rebajas de más de $87 millones a las escuelas primarias y secundarias y $63 millones para educación especial.
En adición, más de 9 mil estudiantes de bajos ingresos dejarían de recibir ayuda financiera para la universidad, y los pequeños negocios en el estado dispondrían de $900 millones menos en préstamos garantizados.
