La matanza de 19 niños y dos profesores en una escuela primaria de la ciudad de Uvalde, Texas, pone de nuevo en relieve el debate sobre la venta, tenencia, porte y uso de armas de gran calibre en Estados Unidos, un país que ampara este derecho constitucional consagrado en la Segunda Enmienda.
Según encuestas de opinión pública, a escala nacional el 70 % de los ciudadanos está de acuerdo en que se legisle para restringir la venta de armas de asalto usadas en la mayoría de tiroteos masivos, como el ocurrido este mes en Buffalo, Nueva York, y ahora en Uvalde, Texas.
El sitio web Mass Shooting Tracker, que lleva una compilación de datos sobre tiroteos con saldos letales y heridos en Estados Unidos ha contabilizado solo en el mes de mayo 44 tiroteos, en nueve de estos se han registrado más de dos muertos en cada uno.
¿Qué se necesita para comprar un arma en EEUU?
Las normativas para la compra y tenencia de armas varían entre la ley federal y las leyes estatales, como, por ejemplo la Ley Nacional de Armas de Fuego, que el Congreso revisó en 1968. Este proceso derivó en la creación de la Ley de Control de Armas (GCA), que estableció que la edad mínima para poder comprar armas largas como escopetas y rifles es de 18 años, y para adquirir armas de grueso calibre es 21 años.
No obstante, las legislaciones estatales sobre el tema de las armas tienen fuerte peso y arraigo en la cultura de derechos estadounidenses. Es así que algunos estados han bajado el listón a la edad mínima propuesta en la ley federal. En estados como Alaska, Maine, Minnesota y Vermont la edad permitida para comprar armas -bajo algún tipo de supervisión- es de 16 años.
En cuanto a los requisitos para comprar armas, la ley federal obliga al negocio vendedor a verificar los antecedentes penales y criminales del comprador, según lo establece la ley Brady Handgun Violence Prevention Act, aprobada en 1993.
El agente vendedor comienza el chequeo en corto tiempo en conexión con la base nacional -conocida como National Instant Criminal Background Check System (NICS)- que arroja resultados instantáneos de antecedentes y que, en su web explica que el comprador debe completar dos formularios con los que el vendedor transfiere a esta dependencia la investigación de antecedentes.
“Esa verificación de antecedentes verifica que el comprador no tiene antecedentes penales, o no es inelegible para comprar o poseer un arma de fuego. Desde su lanzamiento en 1998, se han realizado más de 300 millones de comprobaciones, lo que ha dado lugar a más de 1,5 millones de denegaciones”, explica NICS.
¿Qué argumentan los que piden mayores restricciones?
Diversas voces críticas del sistema consideran que la ley federal se queda corta en varios aspectos al no haber contemplado las ventas de armas entre civiles, es decir un poseedor de armas de fuego las negocia en privado con otra persona. Esa transacción, de acuerdo a los críticos, no tiene el mismo rigor.
Además al no existir una base homogénea de legislaciones estatales, las normativas son dispares, algunos estados tienen leyes de venta de armas más estrictos con requisitos que en algunos casos superan a la legislación federal, otros con reglamentos más laxos están muy por debajo de las exigencias del gobierno nacional. De acuerdo a los críticos, en esta disparidad se generan los mayores problemas.
Otros observadores del tema también apuntan a que la divergencia se ha convertido en una arma de doble filo, porque la verificación de antecedentes que hace el NICS, solo sirve para hacer la transacción y no se puede guardar en ninguna otra base de datos estatales para dar seguimiento.
Esto obedece al cumplimiento de la Ley de Protección de Dueños de Armas de Fuego (FOPA) aprobada en 1986, que impide que gobiernos estatales o locales “preserven información personal” de dueños de armas de fuego.
¿Quiénes tienen prohibido obtener armas de fuego?
En ese punto las leyes estatales y federales están sincronizadas al coincidir en la lista de quiénes no pueden comprar armas de fuego en el mercado legal, en parte porque el requisito de antecedentes marca un punto de partida con la información compilada en la base de NICS.
Tienen prohibido comprar armas aquellas personas condenadas por algún crimen que haya implicado encarcelamiento por más de un año. La lista incluye además a fugitivos de la justicia y personas con reporte de adición a drogas.
En este grupo están pacientes de los que haya registro que padecen de problemas mentales con referencias de centros de admisión por este tipo de desórdenes, exmilitares licenciados de las fuerzas armadas con deshonra, extranjeros indocumentados, personas con órdenes de restricción de acercamiento a parejas o reportados por violencia doméstica, entre otros.
¿Por qué adquiere tanto peso el precepto constitucional de la Segunda Enmienda?
El principio constitucional consagrado en la Segunda Enmienda garantiza el derecho de los ciudadanos estadounidenses a tener y portar armas para la autodefensa, defensa de su persona, del Estado y de la nación, algo que según los historiadores se debió a que los padres fundadores del país vieron las armas en manos del pueblo como vital para garantizar las libertades en el futuro frente al imperio Británico.
No obstante, la sofisticación de los artefactos cada vez con más poder letal y que han desatado numerosas tragedias con miles de reportes y cientos de estos consideradas como masacres, han supuesto el debate sobre este principio.
La Segunda Enmieda a la Constitución de Estados Unidos fue propuesta el 25 de septiembre de 1789 y aprobada el 15 de diciembre de 1791 y protege “el derecho del pueblo estadounidense a poseer y portar armas”, esta formó parte de la Carta de los Derechos estadounidenses, conocida como The Bill of Rights.
A lo largo de los años el mandato ha adquirido renovado interés académico, político y judicial y la Corte Suprema de Justicia ha intervenido sentando jurisprudencia sobre este principio como el dado en 2008 al aclarar que la Segunda Enmienda “protege el derecho del individuo a portar armas”.
Pero ha matizado que tal derecho no es ilimitado y que “no prohíbe” la regulación de la producción, tanto de armas de fuego como de dispositivos militares.
La organización Giffords Law Center para la prevención de la violencia por armas de fuego, que por más de 25 años ha cabildeado para regulaciones a nivel nacional, considera que las propuestas de control no contradicen el principio constitucional, sino que se adaptan a los nuevos tiempos.
“La investigación es clara: las leyes de armas funcionan. Los tribunales de la nación están de acuerdo, las leyes de armas son totalmente compatibles con la Segunda Enmienda. Y el pueblo estadounidense ha hablado, nuestras débiles leyes de seguridad de armas están matando a casi 40.000 estadounidenses cada año. Algo debe cambiar”, sostiene la organización en su sitio web.
Asegura que su lucha por reformas legislativas le han mostrado algunos resultados que suman para “que acabemos con esta epidemia de una vez por todas”.
La organización Progresos Legislativos reseña que en 2021, 27 estados de la Nación Americana más el Distrito de Columbia aprobaron 75 legislaciones para seguridad con armas de fuego que han salvado vidas, mejorando los requisitos de antecedentes de los eventuales compradores.
En contraste la organización enumera que en 19 estados se aprobaron en el mismo período 64 proyectos legislativos que suavizan los requisitos para adquisición de “armas peligrosas” que aumentan el riesgo en las comunidades.
“Estamos luchando contra el lobby de las armas en los estados de todo el país”, sostiene el Giffords Law Center.
La Asociación Nacional del Rifle (NRA), el mayor conglomerado de defensores de las armas de fuego con cabilderos en todos los estamentos legislativos a nivel nacional, se mantiene en defensa del texto lineal de la Constitución porque -a su criterio- un control estricto de armas dejaría a los ciudadanos limitados para su autodefensa.
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