Inmigrantes ilegales podrían estar empezando a ver los efectos de la nueva política anunciada la semana pasada por la Casa Blanca de que en lo adelante sólo serán deportados los indocumentados con antecedentes penales.
El Departamento de Seguridad Nacional dijo que oficialmente todavía no ha comenzado a establecer un orden de prioridades entre los 300.000 casos actualmente en manos de las cortes de inmigración.
Pero al parecer luego del anuncio hecho por la Casa Blanca, los fiscales encargados de proceder con las deportaciones están obrando al menos con mayor discreción.
Tal es lo que habría sucedido con una joven estudiante universitaria de 22 años en Phoenix, Arizona, cuya abogada Judy Flanagan dijo haber recibido una llamada de las autoridades de inmigración sugiriéndole que el caso podría ser desestimado.
Según Flanagan, eso nunca ha sucedido. “Yo he solicitado discreción judicial en el pasado para otros estudiantes y la repuesta fue no”, dijo.
Algunos republicanos como el fiscal general de Utah, Mark Shurtleff, hizo público su respaldo a la medida de poner coto a las deportaciones, pero otros se oponen, como por ejemplo la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, que la calificó de política de “amnistía por la puerta trasera”.
Si casos como el de la estudiante de Phoenix son desestimados por las cortes, esos jóvenes podrían obtener un permiso de trabajo, pero no la residencia permanente en el país, por lo que algunos sostienen que no se trata de una amnistía.
