Los pisos del apartamento crujen. No menos de 20 baldosas blancas están resquebrajadas. Algunas otras bailan, aflojadas, al recibir el mínimo peso.
Ramón López, un experto en seguridad con 25 años en la industria petrolera venezolana, sabe bien dónde apoyar los pies en su vivienda.
“No he podido hacerle mantenimiento desde hace siete años. Tiene 90 por ciento de deterioro”, calcula el hombre, delgado, de cabeza rapada, moreno, dando tumbos desde la sala hasta la cocina para no romper una losa más.
Su residencia tiene esquirlas de crisis anidadas en cada espacio.
Tres aires acondicionados dañados reposan en las paredes con sus cableados desconectados, enrollados hacia sus adentros.
Su nevera, de dos puertas verticales, es un museo caluroso y maloliente de aguas embotelladas y compartimientos vacíos. No ha podido pagar desde hace dos años la reparación de una de sus piezas averiadas.
La venta obligada de electrodomésticos para saldar deudas y comprar comida ha dejado sitios desocupados en su cocina: donde antes estaba el microondas de la familia, hoy hipotecado, aún hay una pequeña mesa vacía.
Su salario de los últimos siete años –de siete dólares al mes, equivalentes a “casi nada”, acota- lo ha invertido en subsistir.
El presupuesto de los López se hizo tan corto que alcanzaba cada vez con mayor frecuencia para una comida al día. Y también los dividió.
Al acentuarse su crisis, el año pasado, la esposa de López y sus dos hijos se mudaron a la casa de una cuñada, a tres cuadras de su apartamento, en el municipio San Francisco del estado Zulia, en el occidente de Venezuela.
López vivía con “comodidad” hace 15 años: pudo comprar su apartamento; adquirió dos carros de agencia; y su familia comía abundantemente.
Debió vender sus vehículos cuando apretó la crisis económica, hace siete años. El último, un Corsa, lo remató a precio “de regalo” en 2015, dice.
Esos retratos constantes de hambre y carestía eran impensables en los hogares de los trabajadores petroleros venezolanos de las últimas décadas.
Rafael Zambrano, ex presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Petroleros, Fedepetrol, recuerda los buenos tiempos mientras empuña con la mano derecha su viejo carné de la empresa.
“Con tu carné de PDVSA, te abrían las puertas de los bancos, de las clínicas. Uno se sentía tan protegido”, dice, sacudiendo la credencial en el aire como quien agitaría la llave mágica de una caja de mil oportunidades.
Trabajar en la empresa estatal era sinónimo de estatus y buena ventura. Salarios, seguridad social, viajes al exterior y compras de bienes estaban garantizados a quien fuera parte de la nómina.
Eugenio Montoro, ex gerente general del Complejo Petroquímico Morón, hoy rebautizado Hugo Chávez, asegura que la vida económica del trabajador petrolero venezolano le permitía despreocuparse de las necesidades básicas para concentrarse en su rol en la industria.
“Uno, al no tener una preocupación económica, te dedicabas a eso con mucha pasión. El estándar de vida era relativamente bueno, nunca de grandes lujos, pero sí con una calidad de vida bastante buena”, comenta.
Un técnico o ingeniero ordinario ganaba salarios mensuales de aproximadamente 1.500 a 2.000 dólares entre 1998 y 2002, en los primeros cuatro años de gestión del presidente Hugo Chávez Frías.
Un obrero recibía pagos de 750 dólares al mes. Todos gozaban de beneficios de alimentación, seguro médico, medicinas y educación.
Delegados sindicales críticos con el gobierno en disputa del presidente Nicolás Maduro acusan a PDVSA de haber asfixiado a sus trabajadores con salarios insuficientes, hoy de apenas entre cinco y 10 dólares al mes.
También, culpan a Chávez y a Maduro de haber execrado paulatinamente los beneficios de las contrataciones colectivas gracias al concurso de representantes sindicales cercanos al partido socialista.
Wills Rangel, la cara más visible del sindicalismo petrolero cercano al madurismo, ha admitido que el salario es insuficiente. Ha pedido en público, sin éxito, que el sueldo básico no sea menor que 20 dólares al mes.
La crisis intestina de PDVSA tuvo un antes y un después. Un paro petrolero desde diciembre de 2002 y febrero de 2003 contra las políticas del chavismo derivó en el despido de cerca de 20.000 trabajadores de carrera.
Aquellos tiempos afianzaron la politización de la empresa y la eliminación de un valor corporativo llamado “meritocracia”, advierte Iván Freites, secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros y Gasíferos.
“Todo conllevó a que la industria cayera en una situación muy grave, donde es imposible cumplir con los costos operativos y de personal”, analiza.
Freites visitó esta semana la casa de un amigo petrolero en el estado Anzoátegui, en el oriente de Venezuela. Se sorprendió al notar que no tenía sillas ni mesa de comedor en su sala. Las había vendido para comer.
El dirigente sindical llama a la crisis del sector “un genocidio laboral”.
La producción nacional ha caído desde los 3,6 millones de barriles de petróleo al día en 1999, cuando asumió Chávez, a 968.900 en octubre de este año, según cifras oficiales divulgadas por Petróleos de Venezuela.
Según Freites, la problemática de la empresa se transfunde a su personal con una matemática curiosa: hay más empleados, aunque menos producción y peor calidad de vida que hace 20 años.
Se calcula que PDVSA tiene actualmente entre 110.000 y 120.000 trabajadores en su nómina fija. Al inicio del chavismo, eran 38.000.
Venezuela experimenta una feroz crisis económica. Su inflación de los últimos 12 meses es de 4.679,5%, según el Banco Central.
La canasta alimentaria de una familia promedio cuesta alrededor de 300 dólares, mientras el salario mínimo mensual es de cinco dólares, advierte el Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores, Cendas.
La Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, por sus siglas en inglés, denunció a mediados de año que 6,8 de los 30 millones de venezolanos no pueden alimentarse.
Ese desbarajuste ha impactado hasta en los trabajadores petroleros, cuya labor sustenta al 98 por ciento de la renta económica de Venezuela.
Remigio Quintero, mecánico con 20 años de experiencia en PDVSA, siente que tiene peores condiciones de vida que el capataz de una hacienda pobre.
“Nuestros hijos están descalzos, con la ropa rasgada. Tenemos las casas opacas”, reprocha, sentado en la feria de comida de un centro comercial.
Comenta que los últimos tres años han sido terribles. Dice haber visto a colegas almorzar puro arroz o pasta con aliños, “solo para darle color”.
Quintero y López son parte de 300 dirigentes sindicales despedidos este año de Petróleos de Venezuela, según denuncias publicadas por el sindicato nacional de trabajadores petroleros y gasíferos.
López, el petrolero del apartamento de pisos crujientes, está inactivo en la empresa estatal desde abril. Lo cesaron, asegura, por su activismo sindical y por denunciar casos de corrupción dentro de la industria.
“Desde el chavismo, por allá en el año 2000, los petroleros comenzamos a subsistir con dádivas. Esto ha sido tan humillante”, comenta.
Espera que PDVSA respete un fallo a favor de su reenganche del Ministerio del Trabajo venezolano para volver a su rol en Petroboscán.
Con participación de la estadounidense Chevron, es considerada la empresa con mayor volumen de producción de crudo en Venezuela.
La alimentación de López hoy depende de que algún familiar le regale un kilo de arroz, medio kilo de carne o unas sardinas, pues, argumenta, los trabajos que encuentra son informales, escasos, eventuales y mal pagados.
Dice que sufre emocionalmente. Le entristece no haber podido pagar a tiempo el tratamiento contra un tumor diagnosticado a su esposa.
“Tardé un mes y medio en lograr los 120 dólares del costo. Tuve que vender varias de mis cosas”, cuenta.
A su pareja, tampoco pudo celebrarle este mes su cumpleaños.
“No le pude comprar ni un refresco. ¿De dónde saco ese dinero?”, se pregunta, entristecido, tratando aún de no pisar los suelos agrietados de una vivienda donde la soledad y la crisis también caminan a hurtadillas.
