La Corte de Constitucionalidad aceptó el miércoles tramitar cuatro amparos contra el presidente Jimmy Morales por prohibir la entrada al país del comisionado anticorrupción Iván Velásquez y por anunciar el fin del mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala que él dirige.
La Corte fijó 48 horas para que Morales y otras instituciones informen al más alto tribunal del país el porqué de las decisiones presidenciales.
Velásquez se encontraba el martes fuera de Guatemala en una gira de trabajo por Washington cuando el mandatario anunció que no le permitiría regresar, argumentando que es “una persona que atenta contra el orden y la seguridad pública, afectando la gobernabilidad, institucionalidad, justicia y la paz del país”.
Morales anunció el viernes pasado la decisión de no renovar el mandato de la CICIG, un órgano de las Naciones Unidas que junto a la fiscalía lidera la lucha anticorrupción en Guatemala.
Las investigaciones de la CICIG _cuyo mandato finalizaría en un año_ han tocado a las más altas esferas empresariales y de gobierno involucradas en actos de corrupción. Ésta y la fiscalía solicitaron el retiro de la inmunidad de Morales para investigarlo por delitos de financiamiento electoral ilícito del partido Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), que lo llevó al poder en 2015.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió la víspera a Velásquez que encabece a la CICIG fuera de Guatemala. Matías Ponce, vocero de la comisión, dijo el miércoles que el comisionado se encontraba en funciones.
Mientras tanto, en Guatemala sigue aumentando el rechazo a las decisiones del presidente.
En un comunicado de prensa, representantes de Alemania, Canadá, España, Francia, Italia, Suecia, Suiza, Reino Unido y la Unión Europea expresaron “pesar ante la decisión soberana del Gobierno de Guatemala de no renovar el mandato de la CICIG”, tras el anuncio hecho por Morales el 31 de agosto.
“Esto es un paso hacia atrás en el fortalecimiento de las instituciones guatemaltecas en su lucha contra la corrupción e impunidad”, expresaron en su comunicado, y agregaron que las decisiones presidenciales son un incumplimiento al acuerdo suscrito entre Guatemala y la ONU para la instalación de la CICIG.
Además, 70 organizaciones de la sociedad civil rechazaron “enérgicamente” las decisiones y dijeron que Morales está obstruyendo la justicia y destruyendo las instituciones democráticas.
En un comunicado, las organizaciones pidieron a la comunidad internacional mantener su solidaridad y atención en el país.
“Les pedimos que estén atentos ante el peligro inminente de que el gobierno de Guatemala rompa el orden constitucional e instaure un orden autoritario irrespetuoso de los derechos humanos”, afirmaron.
La congresista Norma Torres se reunió el miércoles en Washington con Velásquez y dijo que éste ha sido un excelente socio en la lucha contra la corrupción, y que la prohibición de Morales era un evidente intento de protegerse a sí mismo y los suyos de una investigación.
“Tarde o temprano, estoy segura de que enfrentarán la justicia”, dijo.
El senador estadounidense Ben Cardin instó al Departamento de Estado, a la OEA y a las misiones de Estados Unidos en la ONU a mantener una presión diplomática fuerte y sostenida sobre Morales para que cambie su decisión y permita que avance el funcionamiento de sistemas judiciales y de investigación independientes.
La guatemalteca Rigoberta Menchú, premio Nobel de la Paz, también se unió a las críticas, y en el foro de la ONU sobre Cultura de Paz que se desarrolla en Nueva York dijo que las decisiones del presidente de su país “desafían la institucionalidad democrática y la autoridad moral y política de las Naciones Unidas”.
