El presidente guatemalteco Jimmy Morales anunció este viernes que no renovará el mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un organismo de las Naciones Unidas que ha impulsado diversas investigaciones anticorrupción en ese país, incluyendo dos causas contra el propio mandatario.
Acuerpado por miembros del ejército, su vicepresidente y autoridades de Gobernación y Cancillería, Morales anunció en conferencia de prensa que ya había notificado a la ONU sobre su decisión. Además, afirmó que “la CICIG dispone de un año para hacer la transferencia de capacidades técnicas a las instituciones estatales guatemaltecas que corresponde”.
En su discurso, Morales también hizo referencia a la jerarquía constitucional y al compromiso del gobierno con la "defensa de la vida" y "la familia basada en el matrimonio entre hombre y mujer".
La CICIG: una piedra en el zapato para el presidente Morales
Esta decisión del presidente Morales marca el último capítulo de una larga historia de fricciones entre su gobierno y la CICIG.
Esta es la segunda vez que Morales intenta golpear a la CICIG. Mientras tanto, la Fiscalía General de Guatemala y la CICIG tramitan el tercer pedido de retiro de inmunidad para poder investigar al presidente Morales por delitos electorales y financieros.
La primera petición ocurrió en agosto de 2017. La entonces fiscal Thelma Aldana y la CICIG también habían solicitado el retiro de su inmunidad para investigar al presidente por ocultar información financiera. A los dos días de haber hecho el pedido, el presidente Morales declaró persona non grata al comisionado colombiano Iván Velásquez, jefe de la CICIG, y ordenó expulsarlo del país.
Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad lo protegió con un amparo y la orden presidencial quedó sin efecto. La CICIG también asistió en la investigación contra el hermano y un hijo de Morales por fraude. Esta petición fue tramitada por la Corte Suprema, pero los diputados no apoyaron el retiro de inmunidad.
La segunda petición ocurrió en octubre del 2017, luego de que medios locales revelaran que Morales había recibido más de 60 mil dólares de sobresueldo por parte del ejército. En ese momento, la Corte rechazó la petición y el presidente devolvió el dinero.
La Fiscalía General y la CICIG hicieron la última petición el 10 de agosto de este año. Según su denuncia, aparentemente se cometió financiamiento electoral ilícito en la campaña del 2015.
En aquel entonces, Morales era secretario general y representante legal del partido Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), que recibió un millón de dólares por parte de empresarios para la campaña electoral. Según las pesquisas, estos recursos no habrían sido registrados en la contabilidad de la agrupación política ni se reportaron al Tribunal Supremo Electoral (TSE).
El presidente aseguró el viernes que mantiene su compromiso de colaborar con la Fiscalía General, así como con otras instituciones del país. “Les recuerdo a todos que nuestro gobierno incrementó presupuesto al Ministerio Público y a todas las instituciones que conforman el sistema de justicia, asegurando su independencia económica”, aclaró Morales.
Momentos antes, militares rodeaban la sede de la CICIG en la capital guatemalteca. El vocero de la comisión, Matías Ponce, dijo a The Associated Press que al menos 12 vehículos militares estaban afuera del edificio.
El procurador de los Derechos Humanos calificó lo sucedido como una “presencia descomunal intimidatoria”.
Este video de una cámara de seguridad muestra camiones militares llegando a la sede del organismo internacional donde se realizaba la rueda de prensa. Esta información fue confirmada a la Voz de América por periodistas locales.
¿Qué es la CICIG?
La CICIG se creó en el 2006 mediante un acuerdo firmado entre el gobierno de Guatemala y las Naciones Unidas. Esta comisión ha sido clave en la denuncia e investigación de varios actos de corrupción vinculados a los grupos sociopolíticos más poderosos del país, desde políticos hasta empresarios.
El caso más reciente fue La Línea, una red criminal que operaba en las aduanas de Guatemala y en la que se cobraban sobornos a empresarios a cambio de alterar el contenido de las declaraciones de importaciones para evadir los impuestos. Por esta causa fueron acusados el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidente Roxana Baldetti. Ambos se encuentran en prisión.
A partir del anuncio realizado por Morales este viernes, todos los funcionarios internacionales de la CICIG, incluyendo al jerarca Velásquez, dejaron de tener visa para permanecer en el país.
Con información de: Associated Press, CICIG, El País.
