La decisión del presidente Jimmy Morales de frenar la entrada del titular de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) -- cuatro días después de que anunciara que no renovaría el mandato del organismo-- no será pasada por alto por quienes defienden la lucha anticorrupción en el país.
Tan solo en las primeras horas después de que se informara sobre la medida, cuatro recursos legales fueron presentados ante la Corte de Constitucionalidad (CC) para contrarrestar su decisión y tratar de dar vigencia a un amparo que protegería al comisionado colombiano Iván Velásquez, titular de la CICIG, de ser expulsado de Guatemala o de no tener posibilidad de reingresar.
Velásquez se encontraba el martes en Washington en reuniones de trabajo para informar sobre la labor de la CICIG. El viernes pasado, Morales anunció que a un año de su vencimiento no renovaría el mandato de este organismo de Naciones Unidas que en colaboración con la fiscalía ha liderado la lucha anticorrupción en el país, investigando a empresarios, funcionarios y exfuncionarios de gobierno acusados de corrupción.
En un comunicado del martes, el gobierno dice que Morales anunció su decisión a Naciones Unidas y pidió un reemplazo para Velásquez. El documento lo califica como “una persona que atenta contra el orden y la seguridad pública; afectando la gobernabilidad, institucionalidad, justicia y la paz del país”.
Velásquez dijo en un mensaje telefónico a The Associated Press que tenía conocimiento de la decisión sin comentar nada más al respecto.
El excanciller Gabriel Orellana, dijo a una radio local que la decisión de Morales era “un grave error político”. Por su parte, Javier Hernández, jefe de la bancada oficialista, afirmó que no consideraba que la decisión del presidente “fuera un golpe de Estado”, como algunos mensajes en redes sociales calificaban la decisión, “pues la misma no afecta instituciones”.
Un funcionario diplomático que pidió el anonimato por no estar autorizado a dar declaraciones confirmó a la AP que los embajadores acreditados en el país estarían reunidos de emergencia para discutir su posición sobre la decisión de Morales.
Esta es la segunda vez que el mandatario intenta golpear a la CICIG. La primera fue en agosto de 2017, dos días después de que esta comisión y la entonces fiscal general Thelma Aldana solicitaran el retiro de su inmunidad para investigarlo por ocultar información financiera de su partido. En aquel entonces Morales declaró persona non grata a Velásquez y ordenó expulsarlo del país. Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad lo protegió con un amparo y la orden presidencial quedó sin efecto.
El presidente actualmente enfrenta un tercer pedido de retiro de inmunidad para poder ser investigado por delitos electorales.
Esta vez, la actual Fiscal General, Consuelo Porras, y la CICIG hicieron la nueva petición el 10 de agosto al considerar que hay suficientes indicios para investigarlo. Según ambos organismos, Morales habría cometido financiamiento electoral ilícito por el partido que lo llevo al poder en 2015. En aquel entonces, Morales era secretario general y representante legal del partido Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), y habría recibido más de un millón de dólares por parte de empresarios para la campaña electoral. Según las pesquisas, estos recursos no habrían sido registrados en la contabilidad de la agrupación política ni se reportaron al Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Las críticas por lo sucedido el martes no se hicieron esperar, incluso fuera del país.
La congresista estadounidense Norma Torres escribió en Twitter que la decisión del presidente era un intento por evadir los procesos judiciales en su contra. “Tarde o temprano todos los criminales se enfrentan a la justicia”. Además, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó a través de un comunicado su preocupación por la decisión de Morales de no renovar el mandato de la comisión y expresó que ha tenido “un rol trascendental en la lucha anticorrupción”.
La semana pasada el Congreso guatemalteco integró una comisión investigadora de cinco diputados que analizará la solicitud de retiro de inmunidad del presidente. Los congresistas deberán analizar la documentación reunida por la Fiscalía y la CICIG y elaborar un informe que será analizado ante el pleno. Para que el mandatario pierda la inmunidad se quieren 105 votos de los 158 diputados.
