El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) celebró este miércoles una sesión ordinaria para considerar la situación de los derechos humanos en Venezuela, entre otros temas.
En la sede principal de la OEA, en Washington, DC, los países miembros escucharon a Tamara Suju, abogada venezolana y directora ejecutiva del Instituto Casla. “El crimen y la tortura están institucionalizados en Venezuela”, afirmó la defensora de DD.HH., quien indicó que todos los organismos de seguridad, el alto mando civil y el sistema de justicia están involucrados de alguna forma.
Suju detalló que el Instituto Casla ha denunciado ante la Corte Penal Internacional, además de la tortura, otros crímenes de lesa humanidad, como asesinatos y ejecuciones extrajudiciales, militarización de grupos civiles, formación de grupos irregulares, y asesinatos de manifestantes opositores, entre otros.
En total, Suju indicó que han documentado 478 civiles y 135 oficiales torturados desde 2013. En este primer semestre de 2019, Casla registró 72 nuevas víctimas de torturas, y dijo que el 57% de las personas detenidas que han sido torturadas son militares.
La abogada resaltó que la violencia sexual ha estado presente en 389 víctimas de los casos denunciados.
Igualmente recordó los casos del concejal Fernando Albán y el más reciente, del capitán Rafael Acosta Arévalo, ambos torturados y muertos en custodia del servicio de inteligencia venezolano, SEBIN.
Afirmó que no existe un sector de la población venezolana que “no haya sido víctima de torturas”. “Ejemplarizar el castigo en cada uno de ellos para aterrorizar a la población es parte de la represión sistemática que sufren hoy los venezolanos”, agregó.
Esta reunión llega semanas después de que la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, realizara una visita oficial de tres días a Caracas, con invitación de Maduro.
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Como resultado, Bachelet presentó un informe en el que instó "adoptar de inmediato medidas específicas para detener y remediar las graves vulneraciones de derechos" documentados en el país.
En la sesión también estuvo presente el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrao, quien resaltó lo involucrada que ha estado la comisión al considerar que la situación de los derechos humanos en Venezuela ha derivado, en general, en la “ausencia del estado de derecho en el país”.
Entre las principales preocupaciones enumeradas por Abrao está la falta de garantía en las últimas elecciones, el quebrantamiento del principio de separación de poderes, las cifras de muertos en protestas y detenciones arbitrarias contra oposición.
Destacó la cantidad de medidas cautelares que ha tenido que otorgar la comisión a venezolanos por persecusión o vulnerabilidad, y resaltó que este año se la han otorgado a siete que se han identificado como militares.
Este mismo mes, la CIDH anunció que aceptaba la invitación del gobierno encargado de Venezuela para observar la situación de los derechos humanos en la nación sudamericana. Solicitó “todas las facilidades necesarias para llevar a cabo su misión”.
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Una resolución
La misión permanente de Paraguay presentó este miércoles un borrador de resolución al Consejo Permanente de la OEA condenando la situación de derechos humanos en Venezuela, considerando entre otras cosas, la “detallada documentación” concerniente a las violaciones de derechos humanos presentada por Bachelet.
La declaración, que la nación sudamericana introdujo en nombre de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Perú, y Estados Unidos, condena la violación “grave y sistemática de los derechos humanos” en la nación sudamericana, incluyendo el uso de “la tortura y la detención ilegal y arbitraria, la ejecución extrajudicial y la desaparición forzosa”.
Según el documento también se exigiría una investigación independiente “exhaustiva y creíble” que permita llevar a los responsables y autores intelectuales ante la justicia; además de acceso inmediato, completo y sin trabas de la CIDH a todo el territorio venezolano.
Abrão indicó que de adoptar la resolución, el Consejo Permanente de la OEA tiene que “explorar las distintas fórmulas posibles para la implementación” de una investigación.
El documento será sometido a votación para su aprobación en una fecha aún por determinar. “La OEA debe cumplir con su compromiso de apoyar al pueblo venezolano en tiempos difíciles”, afirmó la representante de Paraguay, Elisa Ruiz.
Gustavo Tarre, emisario diplomático enviado por el presidente encargado Juan Guaidó, esxplicó que la meta es lograr que la resolución sea adoptada por consenso.
“El consenso es importante porque ésta no es una discusión política sino de principios”, agregó.
Otros países como Ecuador, El Salvador y Guatemala se pronunciaron por la situación de los derechos humanos en Venezuela, y no se propusieron modificaciones a la propuesta. Sin embargo, el nicaragüense Luis Alvarado lo denunció como una acción “impropia e ilegal” porque Venezuela “ya no es miembro de la OEA".
