El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) documentó 10.477 protestas durante el primer semestre de 2019, equivalente a un promedio de 58 diarias.
El informe emitido el lunes indicó que 61 personas fueron asesinadas durante las manifestaciones. La cifra de protestas representa un incremento de 97% en comparación con el mismo período de 2018, cuando se registraron 5.315 manifestaciones.
El reporte de OVCS expresa que se profundiza la crisis humanitaria en el país. El gobierno en disputa de Venezuela no suele entregar información acerca de las protestas, de modo que las cifras divulgadas por OVCS no pueden ser contrastadas de modo inmediato.
El texto de OVCS hace énfasis en que "los derechos humanos de los ciudadanos son cada vez más vulnerados sin que existan mecanismos efectivos para su reivindicación".
La ayuda humanitaria es "insuficiente"
Como en ocasiones anteriores, el texto señala que el colapso de los servicios públicos, acceso a medicinas e insumos médicos, alimentos, entre otros factores, agudizó de manera acelerada e insostenible la crisis venezolana.
"La situación humanitaria requiere atención urgente, la ayuda que ha ingresado hasta el momento es insuficiente frente a las necesidades de la población, por lo que las autoridades deben avanzar hacia una respuesta coordinada con órganos técnicos especializados, para resarcir la afectación a los derechos sociales y que los venezolanos puedan ver garantizado un nivel de vida adecuado y digno", dice el informe.
Primer semestre de 2019 de acuerdo a informe
Según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, en los primeros seis meses de este año se incrementó la política de represión en Venezuela. Alude al uso de grupos de exterminio para reprimir, conformados por comandos de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y Colectivos Paramilitares.
Además de 61 personas asesinadas durante las protestas, informa OVCS que hubo seis víctimas de ejecuciones extrajudiciales en allanamientos y detenciones ilegales en viviendas donde habitaban personas que presuntamente habrían tenido participación en las manifestaciones.
Mecanismos que buscan criminalizar las protestas, como el Sistema Popular de Protección para la Paz (SP3) y sus Subsistemas, fueron reactivados.
También siguió la labor de las Redes de Acción y Articulación Sociopolítica (Raas) en las comunidades, formadas por vecinos que hacen labores como agentes de inteligencia, informando a cuerpos de seguridad y colectivos paramiltares sobre la ubicación e identidad de manifestantes.
El reporte indicó además que "al cierre del semestre se aprecia una marcada disminución en la frecuencia de este tipo de manifestaciones y en la asistencia y participación de la ciudadanía".
No obstante, -indica-, hubo un incremento de las protestas en sectores populares, antiguos bastiones del chavismo, exigiendo la renuncia de Nicolás Maduro y restablecimiento de la democracia.
También aumentaron las protestas por los servicios básicos, principalmente por electricidad, agua potable y gas doméstico. La crisis con la gasolina también generó protestas.
¿Dónde se producen las protestas?
Durante el primer semestre, las protestas se diseminaron en todo el territorio nacional, indica el informe de OVCS. Incluyen a zonas rurales y urbanas.
"Muchas fueron espontáneas realizadas por vecinos, vinculadas principalmente a exigencias de servicios básicos, alimentos y cambios políticos, otras planificadas y organizadas por simpatizantes de partidos políticos y grupos sindicales", dice el texto.
Las entidades con mayores índices de protesta son: Miranda (947), Distrito Capital (888), Táchira (742), Trujillo (730) y Lara (716).
La represión como "política de Estado"
Criminalizar las protestas ha sido la postura del gobierno en disputa de Maduro, asegura OVCS.
"La respuesta del régimen de Nicolás Maduro a las manifestaciones populares y pacíficas en todo el país ha sido la criminalización, judicialización y la implementación de la represión letal como política de Estado", dice el informe.
Al cierre del reporte, OVCS emite una lista con sus exigencias, que incluyen la atención a las demandas de la población, la realización de investigaciones independientes para establecer responsabilidades en los hechos mencionados que implican la muerte de personas, las denuncias de torturas y tratos crueles inhumanos y degradantes, y detenciones arbitrarias ocurridas durante las manifestaciones.
Además insta al "cese inmediato del accionar de los colectivos paramilitares" y a "disolver las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB)", que señala como responsables de graves violaciones a los derechos humanos en Venezuela.
OVCS exhorta en su reciente informe a "avanzar hacia un proceso de transición para retomar la democracia, el Estado de derecho y las libertades en Venezuela".
Además insta a "acelerar la cooperación humanitaria internacional, como mecanismo inmediato de ayuda a las familias venezolanas que sufren la grave crisis actual".
En un tercer punto recomienda "consolidar la instalación en Venezuela de una oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos" y crear una Comisión de Investigación Internacional por parte de Naciones Unidas, para investigar las graves violaciones de derechos humanos ocurridas en Venezuela, que permitan avanzar en procesos de verdad, justicia y reparación.
OVCS llama a impulsar la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a Venezuela, "para constatar las graves violaciones de derechos humanos ocurridas en el país".
