La Defensoría del Pueblo colombiana informó el viernes que identificó migración desde Venezuela de personas que denuncian persecución política, lo que representa para la entidad un nuevo patrón de flujo migratorio en la frontera.
La defensora, Iris Marín Ortiz, señaló en un video divulgado a la prensa que se trata de casos de personas que denuncian ser perseguidas por su labor de defensa de derechos humanos y liderazgo político. La funcionaria no detalló de cuántos casos han documentado.
La entidad, que monitorea los flujos migratorios en la frontera con Venezuela, detectó que entre el 1 de enero y el 15 de enero de este año ingresaron 6.921 personas, de las cuales 5.851 tenían nacionalidad venezolana, lo que representa una disminución del 30 % con respecto al mismo período del año anterior.
La medición coincide con la juramentación de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela para un tercer mandato, pese a las evidencias creíbles presentadas por la oposición de que perdió las últimas elecciones frente a su rival Edmundo González.
Tras las controvertidas elecciones presidenciales celebradas en julio pasado en Venezuela, fueron detenidas más de 2.200 personas durante y después de las protestas contra la proclamación de Maduro como ganador.
El gobierno ha liberado lentamente a casi 1.900 de los detenidos. Algunos de ellos narraron su experiencia a The Associated Press bajo condición de anonimato por miedo a represalias del gobierno sobre los malos tratos que recibieron en la detención. Aún en sus casas, dijeron no sentirse libres, sufren enfermedades y temen volver a participar en política.
Organizaciones de derechos humanos afirman que quedan cientos de detenidos por “motivos políticos”. Para evitar ser capturados, algunos han buscado refugio en otros países, como fue el caso de González, quien se exilió a España.
Antes y durante la asunción de Maduro, Venezuela suspendió el tráfico aéreo con Colombia y cerró la frontera terrestre con ese país, así como su frontera con Brasil.
Más de 7,7 millones de venezolanos han dejado su país desde 2013, cuando su economía se desplomó y Maduro asumió el cargo por primera vez. Colombia es el mayor país receptor de migrantes venezolanos con 2,8 millones de ellos registrados, según el último informe oficial disponible.
El balance sobre movimientos migratorios fue presentado por la Defensoría al relator especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los migrantes, Gehad Madi.
La entidad manifestó su preocupación por la vulnerabilidad de mujeres, niñas y adolescentes que pasan el peligroso Tapón del Darién, frontera selvática con Panamá, en su camino hacia el norte del continente, enfrentando “altos riesgos de violencia sexual y de género”.
También mencionó las “deficiencias en los mecanismos” para verificar el parentesco de los adultos que viajan con menores, aumentando el riesgo de que sean víctimas de trata de personas.
La Defensoría también llamó la atención sobre las deportaciones desde Estados Unidos, que han aumentado desde 2023. “En estos procesos, se han documentado casos de maltrato, abuso sexual, requisas inapropiadas, despojo de pertenencias y condiciones indignas en los centros de detención”, señaló en un comunicado.
Colombia ha recibido varios vuelos con más de 400 deportados migrantes en los últimos diez días, a raíz de la toma de posesión del presidente Donald Trump. El último de ellos arribó en Bogotá el viernes con 91 pasajeros a bordo de un avión de la Fuerza Aérea Colombiana.
Los deportados colombianos han llegado en su mayoría en aviones estatales, luego de la tensión diplomática que generó la negativa de Colombia de recibir dos aviones militares con deportados, reclamando que no fueran “tratados como delincuentes” ni esposados.
La tensión escaló hasta la amenaza mutua de elevar aranceles, que no se llegaron a aplicar, y sanciones a visados impuestas por Estados Unidos.
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