El gobierno colombiano anunció el miércoles haber logrado un protocolo que permitirá verificar el cese al fuego convenido con una facción de las disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que no se acogió al acuerdo de paz firmado por la guerrilla y el Estado en 2016.
El protocolo era un faltante esencial en el cese al fuego bilateral con las disidencias autodenominadas Estado Mayor Central de las FARC-EP, que entró en vigencia desde el 1 de enero y hasta el 30 de junio de 2023, según el gobierno colombiano.
El gobierno también acordó un cese al fuego bilateral con la Segunda Marquetalia —otra facción de las disidencias de las FARC—, las Autodefensas de la Sierra Nevada y el cártel Clan del Golfo, sin embargo, no se han divulgado los protocolos que regirán con dichos grupos armados.
En un comunicado, el gobierno detalló que el protocolo con el Estado Mayor Central de las FARC-EP “prohíbe el tránsito o permanencia” del grupo armado ilegal en las cabeceras de los municipios, las zonas rurales y las vías primarias para evitar “cualquier afectación a la vida e integridad física de la población civil”.
En las zonas urbanas de varios municipios del país, se ha registrado en el último año la presencia de grupos de hombres armados, vestidos de trajes camuflados que caminan por las calles intimidando a la población y sin ser detenidos de inmediato por la fuerza pública. El último de ellos sucedió hace una semana en Yarumal, al noroeste del país, donde armados ingresaron a una escuela e interactuaron con los niños.
El mecanismo de verificación y monitoreo del cese al fuego incluirá delegados del ministerio de Defensa, de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y un componente internacional, que no fue detallado por el gobierno. También contará con el acompañamiento de miembros de la sociedad civil, la Iglesia católica y otras comunidades religiosas.
Ese mecanismo, explicó el gobierno, emitirá conceptos técnicos y elaborará recomendaciones para prevenir y atender posibles incidentes o incumplimientos.
“La Fuerza Pública seguirá ejerciendo sus obligaciones de seguridad y defensa nacional”, recalcó el comunicado oficial.
Los ceses al fuego bilaterales son parte de una estrategia del presidente Gustavo Petro -primero de izquierda en el país y militante de una guerrilla en su juventud- para lograr la “paz total”, que en la práctica consiste en acercamientos y diálogos de paz con múltiples grupos armados que operan en el país y mantienen confrontaciones.
La estatal Defensoría del Pueblo documentó en un informe reciente que entre el 1 y el 20 de enero varios grupos ilegales adelantaron acciones armadas en el marco del cese al fuego, incluidos hostigamientos contra estaciones de policía y el secuestro de varios soldados, quienes posteriormente fueron liberados.
Petro dijo el miércoles desde Yarumal, al término de un consejo de seguridad, que los ceses al fuego en Colombia no podían consistir solo en la suspensión de hostilidades entre dos ejércitos, dado que aunque las estadísticas han mostrado en las últimas semanas un descenso en el número de heridos y muertos, pueden estar subiendo otros delitos como la extorsión, la captación de recursos del narcotráfico y el contrabando.
Para el mandatario, el cese al fuego debe incluir el fin de la hostilidad contra la población civil para que no se presenten masacres, asesinatos a defensores de derechos humanos, desplazamientos, confinamientos o minas antipersona.
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