La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Colombia por el exterminio de 6.000 integrantes del partido político de ala izquierdista Unión Patriótica durante los años 1980 y 1990.
La organización política surgió en 1985 a consecuencia de un proceso de paz fallido entre la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el gobierno colombiano.
La CIDH dijo que se pudo comprobar que la violencia sistemática se extendió en casi la totalidad del país con diferentes formas de violaciones de derechos humanos, como desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, torturas y atentados.
El fallo fue recibido con esperanzas por sobrevivientes y familiares de las víctimas, muchos de ellos perseguidos por años.
“Que se visibilice que en Colombia sí hubo un genocidio en contra de un partido político y que se reconozca que hubo violaciones de derechos humanos en este exterminio que hubo por razones políticas”, dijo César Rengifo a la Voz de América.
Otro sobreviviente, Dogoberto Chamarroy, expresó que el mensaje para el presidente “es que reconozca que fue un genocidio contra la Unión Patriótica y que todas las víctimas como hombres, niños y mujeres, que vivimos esta guerra desde 1984 se puedan reparar y llegar a un término feliz para toda la gente”.
Para el analista y profesor de la Universidad del Rosario en Bogotá Mauricio Jaramillo, con la sentencia el Estado colombiano deberá trabajar para recuperar la verdad y memoria de lo ocurrido.
“Se ordena una serie de reparaciones, que es una manera de compensar por los daños a esas personas. Además, se obliga al Estado a que siga trabajando en el hallazgo de las personas desaparecidas y en el trabajo de la memoria”, dijo Jaramillo a la VOA.
El Gobierno de Gustavo Petro, anunció que acatará la decisión y respetará cada uno de los puntos de la condena. En ese sentido, el Senador Iván Cepeda, de la coalición oficialista, apuntó que la decisión es valiosa para América Latina.
“Se constituye en un precedente para que en el futuro en Colombia no se vuelva a repetir un genocidio político”, aseveró.
En el fallo de 180 páginas, el tribunal ordenó una serie de medidas que incluyen garantías de no repetición, medidas de protección, investigación de los hechos, identificar y juzgar a los responsables, un acto público de reconocimiento de responsabilidad, un día nacional para reconocer a las víctimas y la construcción de un monumento en honor a las víctimas.
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