La Defensoría del Pueblo de Colombia informó el lunes que 215 defensores de los derechos humanos fueron asesinados en 2022, lo que representa la cifra más alta en los últimos siete años.
El defensor del pueblo, Carlos Camargo, hizo una declaración en la que afirmó que "el 2022 marcó un lamentable récord de homicidios a líderes sociales y defensores de derechos humanos” y fue el año "con el mayor número de casos desde el 2016” cando se inició el registro, con motivo de la firma el acuerdo de paz con la entonces guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Según los hallazgos de la Defensoría, en 2021 se registraron 145 homicidios, mientras que en el 2020, fueron 182.
"Es una grave afectación para la base de la democracia porque se trata de líderes que recogen las inquietudes de la gente, son sus voceros y los que trabajan por un país donde respeten los derechos humanos", agregó Camargo.
Los departamentos fronterizos con Ecuador, Nariño y Putumayo, así como Bolívar, Cauca, Valle del Cauca, Antioquia y Norte de Santander, frontera con Venezuela, fueron los más afectados y donde se concentran los homicidios, según el informe.
La Defensoría aclaró, a través de un comunicado, que "coincide con aquellas zonas del país donde hacen presencia los principales grupos armados ilegales y las organizaciones de crimen organizado”.
A pesar de la firma de paz con las FARC, la violencia continúa siendo una de las principales preocupaciones para el gobierno colombiano y las organizaciones defensoras de derechos humanos. Desde agosto, cuando el presidente Gustavo Petro tomó las riendas del país suramericano, 82 líderes han sido asesinados.
Precisamente, una de sus propuestas bandera del mandatario es alcanzar la "paz total" en el país y, en el marco de esta iniciativa, inició un acercamiento con diferentes grupos armados, y un proceso de diálogos con el Ejército de Liberación Nacional, que se encamina a su segundo ciclo.
Para el defensor del pueblo Camargo, estos diálogos con el ELN y un posible cese del fuego deberían ayudar a “una disminución de las acciones contra líderes” y defensores de derechos humanos.
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