En 2019, Karina, una joven colombiana, se embarcó en un viaje desde Bello, Antioquia, a Madrid, España, buscando estabilidad laboral y una mejor vida para su familia, sin imaginarse que tras su arribo a la capital española su realidad iba a cambiar para siempre.
“Una amiga me dijo que tenía un trabajo. En principio me dijo que era un trabajo como camarera y me contactó con una persona que me ayudó a sacar toda la documentación para poder irme para España. Cuando llegué a España, me dijeron que no iba a trabajar como camarera en ningún restaurante. En ese momento se me vino el mundo encima porque me anunciaron que iba a ejercer la prostitución”, dijo a la Voz de América, que no revela la identidad de la joven por razones de seguridad.
Karina dijo que aunque se negó, fue amenazada y le dijeron que iban a matar a sus hijos en Colombia, que tenían las direcciones de su familia.
Su testimonio habla del aumento de la trata de personas en Colombia, que preocupa a las autoridades y a la Organización de Naciones Unidas, quienes suman esfuerzos para frenar este flagelo. Este año se han registrado en el país 521 casos de tráfico de personas, un aumento del 56,9 %, frente a las cifras de 2022.
El 70 % de los casos de trata de personas corresponden a la explotación sexual de mujeres, según cifras reveladas por el ministerio de Defensa de Colombia.
De acuerdo con la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés), el 70 % de las víctimas de trata con fines de explotación sexual han sido objeto de promesas de empleo, participación en concursos de belleza y modelaje o programas de estudio en el exterior.
“Colombia es un país de salida para víctimas, sobre todo con destino a Europa, con un aumento en Francia y Grecia, en ese orden”, comentó a la VOA Rocío Urón, coordinadora de Lucha contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de UNODC.
“La situación pone a Colombia en una condición de fortalecerse no solamente para identificar los casos, sino para acompañar a las víctimas y para organizarse con las autoridades de otros países para facilitar la investigación y judicialización del delito”, dijo Urón.
Colombia, un país de origen y destino de trata de personas
Colombia no es sólo un país de origen de las víctimas de trata de personas, un delito que se castiga con penas de prisión entre 13 y 23 años, sino que se ha convertido en un receptor de víctimas de este flagelo, donde en los últimos años organizaciones criminales que operan en la zona de la frontera colombo-venezolana cuentan con rutas de tráfico.
“Hay una frontera bastante permeable o porosa por así decirlo y que tiene una notoria ausencia de la institucionalidad y la fuerza pública", señaló a la VOA, Isaac Morales, coordinador de Seguridad y Convivencia de la fundación Pares.
En la extensa frontera operan organizaciones delincuenciales como el Clan del Golfo y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional que controlan los pasos de los migrantes, dijo Morales.
Además de ciudades como Medellín, Bogotá, Cali y Cartagena, donde estas redes sitúan en bares y demás establecimientos a mujeres que son explotadas sexualmente, la Selva del Darién también se ha convertido en una ruta común para los traficantes.
“Estamos hablando de población joven, menor, niñas y mujeres, que va además muy asociado a las situaciones de desigualdad tanto de género como económicas en las que se encuentran sobre todo la población femenina”, destacó Morales.
Rocío Urón dijo que la mayoría de víctimas están en situación económica precaria, con deudas altas, lo que "facilita la captación", que en la mayoría de los casos se hace a partir de ofertas laborales fraudulentas.
"Las personas asumen que es una oportunidad para mejorar sus condiciones y los traficantes aprovechan estos escenarios para poder captar mucho más fácil a las víctimas", explicó.
Para Morales, los 521 casos de trata registrados en 2023, de los cuales 255 fueron víctimas de trata de migrantes y 266 de trata de personas, podría estar muy por debajo de la realidad.
“En Pares advertimos que existe un amplio subregistro, la cifra puede estar muy por debajo de lo que significa la realidad en el que la víctima no denuncia por temor, podríamos estar hablando de alrededor de 5.000 o 6.000 casos”, apuntó.
“Las instituciones deben entender cuáles son esa señales de aviso que muchas veces son notorias, sobre todo en las calles, sobre en todo en ciudades como Medellín y Cartagena, en los que se ve que evidentemente existe una trata de personas con fines de explotación sexual", dijo. "[Es importante que] se trate de ocupar esos espacios con el acompañamiento institucional para que este tipo de delitos no se consuma", agregó.
Se calcula que 2,5 millones de personas en el mundo se encuentran realizando labores en contra de su voluntad incluida la explotación sexual, con 56 % en Asia y el Pacífico y un 10 % en Latinoamérica.
