Honduras entregó en lo que va de este año a dos supuestos narcotraficantes acusados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de conspirar para introducir cocaína y otras drogas al país.
El exalcalde de Yoro, Arnaldo Urbina Soto fue transportado bajo un despliegue de seguridad sin precedentes en el país centroamericano el 31 de enero para ponerlo en el avión de la Administración del Control de Drogas (DEA); días antes había sido extraditado el hondureño Michael Powery, "El Caracol".
Con estos dos extraditados Honduras acumula 37 ciudadanos de ese país puestos en manos de la justicia estadounidense, entre estos el expresidente Juan Orlando Hernández extraditado a EEUU el año pasado.
Este país centroamericano tiene en lista a otros 27 nacionales por los que la potencia del norte ha pedido captura y abrir el proceso para entregarlos a la justicia norteamericana.
Un número similar tiene Guatemala que cuenta en 26 las solicitudes de extradición, pero a diferencia de su vecino país en este, los procesos transcurren con más lentitud.
En enero el Ministerio Público de Guatemala abrió proceso para solicitar el retiro de inmunidad a cuatro funcionarios electos de ese país, un diputado del Congreso Nacional, un suplente y dos alcaldes que Estados Unidos los reclama en tribunales en Washington, Texas y Nueva York.
Honduras supera a países de "mayor interés"
El abogado penalista hondureño Marlon Duarte, explica a la Voz de América que el caso hondureño amerita analizarlo a fondo al haber superado ya con creces a otros países con tratados de extradición con Estados Unidos como Colombia y México.
“Honduras un país que está muy por debajo del nivel de importancia de Colombia y México donde ha tenido más extraditados, me parece por decirlo de una forma que somos el argumento justificativo de la DEA a nivel latinoamericano, como que somos más fácil de acusar, más fácil de condenar y lógicamente hay una justificación del enorme presupuesto que maneja la DEA”, dice el penalista.
Este abogado que ha trabajado en equipos de defensa de algunos extraditados dice a VOA que prácticamente en todos los casos –ventilados por el sistema de justicia hondureño- los defensores llevan las de perder en un 99,9 %, porque el procedimiento se realiza literalmente a lo que dice el "Auto Acordado".
Este experto considera que al revisar los procedimientos de extradición pueden verse fallos, si se aplica "la doctrina jurídica" y visto por varias razones que van desde el corto tiempo que establece el acuerdo, "somos el país más fácil de extraditar", apunta.
A su criterio el Tratado impide contemplar las "garantías procesales" que manda el sistema jurídico del país. "Son audiencias donde los defensores no tenemos posibilidad de refutar los señalamientos porque el acusador (Departamento de Justicia) no se hace presente a la audiencia, es el juez natural que hace la lectura de los cargos".
Duarte agrega que “ante la opacidad que Honduras que no reclama que el Tratado de Extradición debe ajustarse a la Constitución de las República de Honduras donde dice que ningún hondureño debe ser expatriado si las penas son mayores en el país solicitante de extradición”, y que esto representa una situación muy cómoda para Estados Unidos.
“Creo que Estados Unidos ante esa opacidad de Honduras es al país que más solicita extradición”, apunta el abogado.
Los dos supuestos narcotraficantes extraditados en lo que va de este año, el Departamento de Justicia de Estados Unidos los requirió bajo cargos de “narcotráfico y uso de armas para introducir droga en ese país”.
Cuando el excalde de Yoro fue traslado bajo un fuerte despliegue de seguridad, superior incluso a la logística montada para trasladar al expresidente Juan Orlando Hernández, el director de Prevención y Seguridad Comunitaria de Honduras, Miguel Pérez Suazo, dijo a la prensa que Urbina, quien vestía un overol color blanco como los usados por personal sanitario durante la pandemia “es un objetivo de alto valor estratégico” para Estados Unidos.
Y que la DEA había advertido a las autoridades hondureñas que se trataba de un extraditable de “alta peligrosidad”, al que el año pasado la Corte Suprema de Justicia del país había sobreseído de acusaciones de narcotráfico mientras estaba detenido, pero que no fue liberado porque en paralelo la potencia del norte hizo el pedido de extradición y un juez dio luz verde al trámite.
Entre Lista Engel y otras alertas
La petición de Estados Unidos de extraditar al congresista hondureño, José Armando Ubico, a quien el Departamento de Estado incluyó en la Lista Engel por actos de corrupción en el Triángulo Norte, no será fácil, según expertos citados por medios guatemaltecos.
Ubico y los otros tres funcionarios sindicados por la justicia estadounidense forman al momento parte de las fuerzas políticas del partido en el poder.
El Ministerio Público de Guatemala abrió de forma el trámite para que sea el Congreso Nacional quien quite la inmunidad al congresista electo en 2019 y quien es parte de la Comisión de Defensa Nacional de Guatemala, ha recibido reconocimiento del ministro de Defensa, Henry Reyes Chigua.
Este legislador así como el diputado suplente al Parlamento Centroamericano (Parlacen), Freddy Arnoldo Salazar Flores, también requerido por un tribunal federal en la capital estadounidense.
A ello se suman dos alcaldes que el Departamento de Justicia los tiene en la mira por tráfico de cocaína y otras drogas sintéticas, se trata del jefe municipal de El Rodeo, en San Marco, Crysthian Omar Escobar, reclamado en una corte de Texas, y Fernando Marroquín Tupas, alcalde de Cuilapa, Santa Rosa, acusado en la misma recinto judicial.
Al proceder al trámite a finales de diciembre, el Ministerio Público a cargo de la fiscal general Consuelo Porras dijo que la solicitud de “retiro de antejuicio” para quitar el fuero a los dos diputados y los alcaldes” es el primer paso para poder detener y avanzar la solicitud de extradición.
“Dicha solicitud se deriva de la petición presentada por el gobierno de los Estados Unidos de América, requiriendo la detención provisional y la formal extradición de las cuatro personas a dicho país por temas relacionados al narcotráfico”, apunto el ente fiscal.
![El presidente Alejandro Giammattei posa para la foto oficial luego de juramentar a Consuelo Porras para un segundo término al frente del Ministerio Público, el lunes 16 de mayo de 2022. [Foto AP / Archivo]](https://gdb.voanews.com/03180000-0aff-0242-47b2-08da381fb612_w100_r1.jpg)
Estados Unidos acusa a estos funcionarios electos de tener relaciones con el crimen organizado para la “fabricación y tráfico de cocaína”.
Ninguno de los señalados ha emitido opiniones al respecto mientras el proceso está abierto con la solicitud de extradición, ni para alegar inocencia.
Según Estados Unidos “José Armando Ubico Aguilar, diputado de un partido político, fue condenado a 46 meses de prisión en 2003, en Estados Unidos por tráfico de heroína. Después de su liberación anticipada en libertad condicional, en 2005 y posterior deportación, Ubico fue elegido para el Congreso”, reza el informe de EEUU que considera que el extraditable ha continuado en las actividades del crimen organizado por lo que pide la extradición.
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