Cinthia Rodríguez, estuvo 10 años y nueve meses en prisión por una interrupción del embarazo espontáneo, su delito, de acuerdo con la ley de El Salvador no fue el aborto, sino homicidio agravado.
Como el caso de Cinthia hay unos 40 más, ya que el país centroamericano es uno de los seis países de la región que prohíbe el aborto en todas las circunstancias. Los otros son Honduras, Nicaragua, República Dominicana, Haití y Surinam.
Cinthia ha purgado los mismos años de prisión que los que cumplirá el expresidente salvadoreño Elias Antonio Saca, después de drenar las arcas del Estado por unos 300 millones de dólares, la diferencia es que ella estaba condenada a 30 años, 20 más que el mandatario y solo logró liberarse por una conmutación de pena y vio la luz de nuevo el 4 de marzo de 2019.
La Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto en El Salvador pidió la substitución de su pena a una Corte y ésta aprobó la solicitud debido a que juntaba muchas de las condiciones para acogerse al beneficio, como haber cumplido más de la mitad de la pena carcelaria de 10 años.
La interrupción del embarazo en El Salvador es castigada con penas excesivas que van de 15 a 40 años según el Código Penal sobre la prohibición y persecución del aborto. Condenas más altas aún que el delito de Enriquecimiento Ilícito, el cual según el Código Procesal Penal del país ronda entre los tres y los 10 años.
Amanda Quijano, miembro del Colectivo Feminista y candidata a Síndica Municipal de San Salvador, dijo a la Voz de América que la pena es tan descomunal porque algunas de éstas mujeres estaban muy avanzadas en sus embarazos y se les cambió el delito de aborto a homicidio agravado “pero lo que ha pasado muchas veces es que no son abortos espontáneos sino partos extrahospitalarios”.
¿Por qué?
Alejandra Flores, abogada pro vida y miembro de una asociación de defensa por la vida, detalla que “la legislación penal no permite el aborto, pero esto es consecuencia que la carta magna [la Constitución de El Salvador] reconoce a la persona humana desde el momento de la concepción”.
Mientras que el Fiscal General del país, Raúl Melara, por su parte dice que nadie que haya tenido un aborto espontáneo va a prisión. "Siempre y cuando se compruebe que no hubo intención de asesinar al feto".
“Cuando es diagnosticado médicamente que eso es así, ninguna mujer tiene por qué temer”, aseveró el funcionario en una entrevista con CNN sobre el tema. Pero para los defensores de la despenalización del aborto la práctica se aleja de la teoría.
Cinthia cuenta que fue enviada a Cárcel de Mujeres con apenas 19 años, luego de según ella sufrir una emergencia obstétrica en su casa en 2008 con ocho meses de embarazo y acudir a recibir atención a un hospital.
“Cuando yo desperté ya estaba esposada de un pie y yo le pregunté al señor policía porqué estaba así y el me dijo que estaba detenida por aborto” afirma Cintia, quien además agregó que a partir de ahí nunca pudo demostrar que su perdida no fue intencional ya que carecía de información por parte de los aplicadores de justicia.
Ella tuvo cuatro abogados distintos durante todos los procesos proporcionados por el Estado, pero a cada uno lo conoció minutos antes de entrar a las audiencias y ellos desconocían totalmente sobre su caso.
El abogado que la visitó en el hospital para hablarle de sus derechos y decirle que la iba a representar en la audiencia no fue el mismo que llego el día de la presentación del caso en los tribunales, donde la juzgaron como reo ausente, de acuerdo con ella, pese a que estaba sentada horas antes afuera esperando.
Quijano afirma que eso es el pan de cada día en estos casos y que en muchas ocasiones los prejuicios alrededor del tema y la saturación del sistema de justicia dan paso a injusticias.
En todas estas audiencias, “el defensor conoce del caso media hora antes” ya que “en un país tan violento como El Salvador, la gente designada para investigar no da abasto”.
Jorge Menjívar, coordinador de prensa de la Agrupación Ciudadana coincide con Quijano en que el Ministerio Publico salvadoreño, “tienen una sobrecarga de casos que deben atender” de ahí que en muchas ocasiones pasan omisiones como en el caso de Cinthia y “no tienen los argumentos para defenderlas”.
Para Menjívar es un reto que tiene el país para formar a quienes se encargan de la defensa pública y lograr que empaticen con los casos porque con cualquier omisión o error pone en riesgo la vida de una persona.
Cinthia explicó que se enteró que su delito era homicidio agravado hasta que la trasladaron a Cárcel de Mujeres, donde la custodio que la recibió le informó el porqué de su estancia allí.
A Cinthia la denunciaron los médicos del hospital, lo que según Quijano del Colectivo Feminista es lo normal en El Salvador.
“Porque hay una campaña de miedo” hacia los médicos “que tienen que denunciar porque si no denuncian están haciendo apología del delito y además de irse presos pierden su licencia”, detalló.
La profesional en medicina consultada por la Voz de América Patricia Guardado reconfirma que las denuncias se dan por miedo y por desconocimiento, tanto de parte de los médicos como de las autoridades, y que en ocasiones se da la delación con la simple sospecha y no con pruebas. Con lo que se viola el derecho “al secreto profesional” que deben preservar los profesionales de la salud.
Guardado, quien también forma parte de la Unión Médica Salvadoreña para la Salud y Vida de las Mujeres, apuntó que al denunciar se comete “una ilegalidad “porque se divulga la condición del paciente sin su autorización.
“Ante todo, nosotros tenemos que resguardar la seguridad de la paciente con el secreto profesional”, aseveró la profesional.
¿Qué pasa con las pruebas?
Flores desde su visión profesional, porque no conoce el caso de Cinthia, afirma que para condenar a alguien debe ser porque un peritaje apuntó que fue intencional.
Cinthia afirma que sí, tuvo un peritaje pero que no fue presentado en ninguna audiencia ante la justicia o solicitado por las autoridades.
“En el momento de las audiencias en ninguna presentaron el peritaje que a mí me habían hecho”, asevera Cinthia.
Menjívar alega que estos “procesos son débiles” en el país y es uno de los elementos que la Organización Ciudadana por la Despenalización del aborto ha utilizado para la defensa de las mujeres y piden no solo un peritaje médico, sino también un psicológico.
Él afirma también que la defensa deficiente es una de las situaciones, entre muchas anomalías, que “enfrentan las mujeres” que no pueden pagar una defensa privada y el precio que pagan son condenas que van de 30 a 40 años de prisión.
La idea de Menjívar no se ajusta con la de la jurista Flores, que afirma en el país se siguen los procesos apegados a la ley y que, en estos casos ha habido “una manipulación mediática”.
La abogada también agrega que en todos los procesos, las pruebas presentadas por la fiscalía (documental, testimonios y autopsias a los niños) la conclusión de "medicina legal es que fueron asesinados". Ella también aclara que en El Salvador no hay ni una sola mujer presa por aborto.
Algo que la fiscalía también reconoce; junto al hecho que no hay una ley de aborto como tal y que en estos casos el papel del Ministerio Público, como en cualquier parte del mundo es “aportar evidencia” y procesarla; los jueces son quienes condenan y absuelven.
Pero la doctora Guardado dice que puede dar fe que a las mujeres se las envía a prisión en muchos de los casos sin las evidencias requeridas.
La despenalización
Cuando se habla de aborto la polémica gira en torno a la desinformación, alegó la doctora Guardado, ya que lo que se busca no es una legalización del aborto sino una despenalización en 4 causales específicamente.
Cuando el embarazo ponga en riesgo la salud y vida y la integridad de las niñas o mujeres, cuando el embarazo sea producto de una violación sexual, estupro o trata de personas, o en casos donde la vida extrauterina del feto sea inviable.
“Que son específicamente las que queremos en este país”, explicó la profesional, para quien el no aprobarlas es una clara violación a la salud sexual y reproductiva de las mujeres.
“Nosotros como médicos nos sentimos atados de manos cuando tenemos un tipo de pacientes así en nuestros hospitales”, afirma la doctora.
Para ella lo más frustrante es cuando el embarazo se desarrolla fuera de la matriz y el producto aún tiene latido no pueden hacer nada, solo esperar que la mujer se desangre y "ahí salir corriendo a sala de operaciones" y dejar al destino lo que pase. "Se escucha cruel, pero es la realidad de este país tercermundista en el que vivimos", remató.
Guardado, aseveró que el tema de la despenalización es un problema de salud pública, ya que la cantidad de mujeres, adolescentes y niñas que mueren por dicha causa es elevada y sobre todo es un problema que afecta a los sectores más pobres de la población.
Grupos feministas y a favor de los derechos humanos en el país siguen apelando por la libertad de un grupo de mujeres condenadas a prisión después de haber sufrido la pérdida de sus bebés en partos extrahospitalarios. Mientras no haya una despenalización el único camino a seguir es exigir la revisión de sus condenas.
Las voces de Naciones Unidas y Amnistía internacional se han sumado a las que abogan por la despenalización de las causales que permitan el aborto El Salvador.
