La Asamblea Nacional de Nicaragua consumó el lunes la propuesta del presidente Daniel Ortega de reformar parcialmente la Constitución del país para establecer la pena de cadena perpetua, que apuntaría a quienes cometan “crímenes de odio”. Los que se oponen indican que se trata de un término ambiguo y utilizado con frecuencia en la narrativa oficialista para referirse a supuestos actos de los opositores, según fuentes consultadas por la Voz de América.
La reforma constitucional consiste en modificar el artículo 37, en cuanto a la duración de la pena, que establecía como máximo 30 años de prisión a quienes cometan crímenes graves. Con la reforma se amplía la condena en ciertos casos.
“Excepcionalmente se impondrá la pena de prisión perpetua revisable para la persona condenada por delitos graves, cuando concurran circunstancias de odio, crueles, degradantes, humillantes e inhumanas que por su impacto causen conmoción, rechazo, indignación, repugnancia en la comunidad nacional. La ley de la materia determinará y regulará su aplicación”, dice el artículo reformado.
Según la propia Carta Magna, para la efectiva reforma constitucional, era necesario someter a votación la medida en dos legislaturas diferentes, es decir que, a pesar de haber sido aprobada en 2020, se necesitaba la aprobación este 2021.
El presidente del Parlamento, Gustavo Porras, sancionado por Estados Unidos por su lealtad a Ortega, señaló que la reforma “urgía” y que supuestamente había recibido el apoyo de millones de familias nicaragüenses.
“Hemos cumplido con nuestro pueblo, con nuestro héroe Sandino y con Nicaragua (…)“, dijo Porras al aprobarse la reforma constitucional, la cual obtuvo 70 votos a favor y tan solo 13 en contra.
La reforma fue priorizada incluso por encima de las demandas de organizaciones de la sociedad civil y la comunidad internacional para que se hagan cambios al sistema electoral, y a la misma Carta Magna, para volver a establecer la prohibición a la reelección presidencial indefinida, entre otros puntos.
Miguel Rosales, diputado del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), asegura a la VOA que la reforma tiene un fin de perseguir a los opositores y no realmente frenar la criminalidad en el país.
“Cuando no existe un sistema judicial totalmente independiente, que genere confianza, que nos pueda garantizar a nosotros que cuando a alguien se le ha declarado culpable, verdaderamente es culpable, entonces mientras no existe ese poder judicial con esa naturaleza de confianza a la población”, dijo Rosales.
Añadió que “aplicar una pena de esta naturaleza podría interpretarse como una medida política para pasarle la cuenta a un ciudadano nicaragüense cualquiera”.
Un retroceso en derechos humanos: abogado
De acuerdo con el abogado defensor de derechos humanos Julio Montenegro, establecer una pena de cadena perpetua significaría un retroceso de 46 años en materia de derechos humanos para el país.
Montenegro señala que en 1974 el código procesal penal de Nicaragua fue modernizado y se erradicó la cadena perpetua.
“O sea Nicaragua pasó de tener un sistema punitivo a ser reformante, es decir que se considera la posibilidad de que quienes han cometido delitos puedan reintegrarse a la sociedad”, explicó.
Con la nueva reforma se completa un tridente legislativo que, según analistas, fue preparado para arrinconar a la oposición que intente desafiar al presidente Daniel Ortega en los comicios electorales previstos para noviembre de 2021.
El año pasado, el parlamento también aprobó la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros y la Ley Especial de Ciberdelitos.
La primera criminaliza el financiamiento que reciben asociaciones, empresas, organizaciones sin fines de lucro, y la segunda castiga a medios de comunicación y ciudadanos que divulguen lo que el gobierno considere noticias falsas o que “causen zozobra o inestabilidad” en la población, advierten los expertos.
Ahora finalmente se aprobó la pena de la cadena perpetua que entrará en vigencia tras la publicación en La Gaceta, el diario oficial.