Luego de que el presidente Daniel Ortega amenazó a la oposición nicaragüense con "cadena perpetua" si se atreven a cometer "crímenes de odio", el bloque opositor denuncia que el gobierno aprovecha el contexto social del país para reforzar su presión contra la ciudadanía y ajustar las leyes del país a su conveniencia, una muestra del "terrorismo de Estado" que se vive en Nicaragua, según argumentan.
De acuerdo a una declaración, publicada el pasado 14 de septiembre, Ortega orientó a la Corte Suprema de Justicia a proponer una reforma "a las leyes pertinentes necesarias", para presentar a la Asamblea Nacional y que se apruebe esta pena para quienes cometan delitos tipificados como" crímenes de odio, crueles, aberrantes, inhumanos, humillantes y denigrantes que no corresponden con nuestra cultura".
Sin embargo, Ortega fue directo en sus acusaciones en el acto de conmemoración del aniversario de la Independencia de Centroamérica, para amenazar a los opositores que según él han cometido “crímenes de odio en contra del pueblo de Nicaragua”.
Guillermo Incer, integrante del Consejo Político de la Unidad Nacional, dijo que "no es más que una muestra de frustración por no haber podido aplacar a la oposición y el avance en la organización de la oposición".
"Él quisiera a estas alturas haber apagado toda muestra de la llama de abril y lo que se ha encontrado es más organización, y ante eso lo que hace es reaccionar con medidas disparatadas", concluyó Incer.
Mientras, Dora María Téllez, excomandante guerrillera y miembro del Movimiento Renovador Sandinista MRS, señaló que Daniel Ortega lució totalmente "desaforado" y "desesperado".
“Ese discurso confesando completamente que la cadena perpetua era para las opositores y que además desgraciadamente no le puede aplicar la pena de muerte, es una persona que está totalmente desaforada y desesperada”, dijo Téllez.
La orden del presidente Ortega se da luego de la noticia de que un hombre asesinó brutalmente a dos niñas de 10 y 12 años y violó a una de ellas en la comunidad Lizawé en Mulukukú, en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte; pero el presidente ha hecho extensiva la amenaza de cárcel a todos los que se oponen a su gobierno.
Es por ello que defensores de los derechos de niñas y mujeres desconfían de las intenciones del Estado al promover esta reforma constitucional.
La socióloga y feminista María Teresa Blandón dijo a la Voz de América que, "no tiene nada que ver con una respuesta al gran problema de la violencia machista, en realidad tiene que ver con una estrategia represiva y amenazante en contra de las y los opositores en el contexto de una inevitable proximidad de las elecciones".
En tanto el opositor, Felix Maradiaga también criticó la medida señalando que, "no se trata simplemente de aumentar las penas, cuando al mismo tiempo hay impunidad, ausencia de tribunales independiente, y una policía acusada de uso de la tortura y violencia sexual. La solución a este grave problema nacional debe ser integral e incorporar soluciones desde el sistema educativo y el enfoque de derechos humanos que proteja con mayor atención a los sectores vulnerables como son la infancia y las mujeres".
En Nicaragua, la pena máxima de cárcel es de 30 años, de acuerdo al artículo 37 de la Constitución Política de Nicaragua, que dicta: "No se impondrá pena o penas que aisladamente o en conjunto, duren más de 30 años".
Actualmente, a nivel centroamericano, ningún país contempla la cadena perpetua. Guatemala en su momento condenó con pena de muerte, pero ahora la máxima condena es de 50 años de prisión.
La presidenta del Centro Nicaragüenses de Derechos Humanos, Vilma Núñez dijo a la VOA, que el presidente está dando una orden "absurda" ya que Nicaragua no tipifica dentro de su legislación ¨los crímenes de odio", y que se trata a "ciencia cierta de una movida más con el interés de amedrentar y reducir a los opositores".
