La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó la propuesta del presidente Daniel Ortega de reformar parcialmente la Constitución Política del país para establecer la pena de cadena perpetua. La norma apunta a quienes cometan “crímenes de odio”. Los que se oponen alegan que se trata de un término ambiguo, que es utilizado en la narrativa oficialista para referirse a supuestos actos de sus opositores.