En Venezuela entró en vigencia la Ley de Costos y Precios Justos que según el gobierno del presidente Hugo Chávez, tiene la finalidad de buscar contener la inflación.
El instrumento legal se aplicará de forma paulatina, iniciando por algunos sectores básicos como el de higiene personal, alimentos, repuestos de vehiculos medicamentos y servicios
de salud.
Sin embargo la nueva ley de Costos y Precios Justos ha generado un sinfin de criticas y advertencies en torno a un futuro desabastecimiento de más productos.
Con el fin de luchar contra la especulación como factor inflacionario la nueva ley busca determinar los costos de producción de cada bien y su oscilación en la cadena de intermediación en su ruta hacia el precio final, según justificó el gobierno.
El presidente de Consecomercio, Carlos Fernandez aseguró que esta nueva ley va a perjudicar a los consumidores y se preguntó "¿Qué va a pasar con los consumidores cuando no encuentren los productos?". Según el dirigente la inflación "se controla con trabajo productivo, la oferta con valor agregado nacional, que exista inversión privada constante que genere crecimiento sostenido".
También Fernández aseguró que para bajar los precios "lo que hace falta es una ley de oferta suficiente, y estabilidad en el valor de los productos".
Más de 450 fiscalizadores ya han salido a la calle con el objetivo de buscar información que permita soportar la determinación de precios, siguiendo las instrucciones del presidente Chávez.
Las inspecciones las realizan grupos de fiscales, consejos comunales, inspectores del Indepabis, Superintendencia de Silos, del Seniat y aspirantes a fiscales de la Superintendencia de Costos y Precios, en principio en una docena de 12 zonas de Caracas.