El gobierno de Venezuela puso en vigor a partir de este martes una ley que pone tope máximo a los precios de bienes y servicios en un intento por frenar la galopante inflación, que en lo que va de año supera el 22 por ciento y es la más alta de América Latina.
En declaraciones hechas por vía telefónica, el presidente Hugo Chávez dijo que la ley es “una gran tarea en defensa de la economía” y arremetió contra el capitalismo diciendo que el libre mercado es ”un mecanismo perverso donde dominan los grandes monopolios, las grandes trasnacionales, la burguesa criolla (…) que saquean a los pueblos".
Inicialmente, la medida se aplicará en los sectores de alimentos, higiene personal y del hogar, servicios de salud y medicinas, y en la construcción. Luego, paulatinamente el Estado controlará los precios de otros rubros como ropa y calzados.
La llamada Ley de Costos y Precios Justos establece la congelación del valor inmediato de 18 productos hasta que las autoridades determinen cuál será su precio máximo, entre ellos el agua natural, jugos de frutas, cloro, jabón, detergentes líquidos, limpiadores, champú, desodorantes, papel higiénico y pañales desechables.
El gobierno creó una Superintendencia de Precios y Costos cuyos inspectores irán a las empresas a revisarlo todo, estructuras y costos, y Chávez les ordenó meterles “el ojo” a corporaciones multinacionales como Colgate, Palmolive, Pepsi-Cola, Nestlé, Jonhson & Johnson, Coca-Cola, y Unilever, entre otras.
La medida fue criticada por Jorge Botti, presidente de la principal asociación empresarial del país, Fedecámaras, que dio a conocer que los empresarios se disponen a emprender acciones legales contra la ley por considerar que "tiene aspectos inconstitucionales".
Botti señaló que "la estabilidad de los precios no se logra con controles, sino con políticas económicas acertadas". La ley fue promulgada en virtud de los poderes excepcionales de los que dispone Chávez desde finales de 2010.
Entre otras cosas, se desconoce qué márgenes de ganancias permitirá el gobierno de Chávez a las empresas privadas, y se teme que pueda estrangularlas fijándoles precios a su antojo a los productos, multando a las infractoras y cerrándolas hasta por 10 años.
Según Fernando Morgado, ex presidente de la organización empresarial Consecomercio, uno de los aspectos más graves de la legislación es que para determinar los precios sólo se tendrán en cuenta los costos y gastos directos.
Las empresas no podrán transferir a los precios de los productos los gastos en que hayan incurrido por ejemplo en rejas o medidas de vigilancia para protegerse de la delincuencia, ni tampoco por el uso de aires acondicionados, dijo Morgado.
