La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, convocó a elecciones el miércoles, en un intento por contener la crisis política después de que se elevaran a ocho los muertos en la jornada más violenta registrada en La Paz.
“Si Dios lo permite, hoy lanzaremos la convocatoria a elecciones como todo el país demanda”, dijo. “Lo haremos en acuerdo con aquellos que quieran enriquecer el proyecto”.
Áñez había informado previamente que en horas de la mañana lanzaría la convocatoria para todo el país a nuevas elecciones generales, "de manera responsable" y junto a organismos internacionales.
La convocatoria a las nuevas elecciones se haría basada en un proyecto de ley base que desarrolló el gobierno interino, señaló.
“Hemos elaborado un proyecto base de ley (…). Si la Asamblea no permite que lo hagamos de esa manera, pues ya buscaremos otros mecanismos, pero de qué elecciones van a haber en el país, si, nosotros lo garantizamos”, informó la presidenta, según una publicación del diario boliviano Los Tiempos.
El Proyecto de Ley presentado por el gobierno transitorio tiene tres objetivos:
- Declarar nulidad de las elecciones del 20 de octubre.
- Designar a los miembros del tribunal supremo electoral en los próximos 15 días.
- Convocar a nuevas elecciones que seguirán las sugerencias internacionales.
Desde México, donde se encuentra asilado, el expresidente Evo Morales dijo en rueda de prensa que si ayudan a pacificar el país, las nuevas elecciones son bienvenidas, al tiempo que llamó a crear una “comisión de la verdad” que investigue los comicios del 20 de octubre, que según la oposición y una misión de observación de la OEA estuvieron marcados por diversas irregularidades.
Morales renunció hace poco más de una semana y desde entonces ha habido manifestaciones prácticamente a diario.
Si no llega a un acuerdo, colaboradores de Áñez han dicho que el gobierno interino emitiría un decreto unilateral con una fecha para las elecciones.
Mientras tanto, el ejército y la policía rompieron el cerco que por varios días mantenían seguidores del expresidente Evo Morales a una planta de combustibles que surte a La Paz y El Alto.
Las más recientes confrontaciones ocurrieron en El Alto, donde manifestantes bloquearon una planta de distribución de combustible, la cual recuperaron soldados y policías para reanudar la entrega de gasolina.
Inicialmente las autoridades informaron de cuatro fallecidos por la intervención militar y policial, pero el número fue subiendo a medida que ubicaron a más víctimas en hospitales, según confirmaron la Defensoría del Pueblo y el Instituto de Investigaciones Forenses.
Hasta ahora al menos 30 personas han muerto en casi 20 días de protestas.
El barrio Senkata, en El Alto y donde se encuentra la planta de distribución, parecía en guerra el miércoles.
Un puente de concreto estaba caído en medio de la carretera y los escombros de los muros derribados con explosivos por manifestantes llegaban al interior de la planta, mientras la gente buscaba a sus familiares en hospitales cercanos.
“Queremos que cese la violencia”, dijo Áñez a periodistas, el mismo día que las autoridades buscaban reanudar la distribución de combustible, incluido un depósito de El Alto -que abastece a la capital política del país- y que se ha vuelto el más reciente símbolo de la lucha que libra el gobierno interino con los seguidores del expresidente.
Mientras, desde la Organización de Estados Americanos (OEA) se exhortó a las autoridades interinas a convocar “urgentemente” a elecciones, Áñez dijo que sostiene negociaciones con varios actores, incluidos los miembros de la bancada legislativa mayoritaria del Movimiento al Socialismo (MAS) - el partido de Morales-, para acordar una ley mediante la cual se llame a los comicios.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó el uso excesivo de la fuerza y que el gobierno de Áñez haya otorgado inmunidad a los militares que apoyan el control de la seguridad interna.
Según analistas, el país quedó partido en dos tras el fin del ciclo político que lideró durante casi 14 años el primer presidente indígena, que tuvo una buena gestión económica pero salpicada por casos de corrupción, autoritarismo y su ambición por reelegirse aun cuando la constitución y un referendo de 2016 le negaban esa posibilidad.
Los esfuerzos para establecer un diálogo entre ambas partes con la mediación de las Naciones Unidas, la OEA, la Unión Europa y los obispos católicos todavía no han arrojado resultados debido a la intransigencia de las partes.
Murillo acusó al exministro Juan Ramón Quintana de operar las protestas y dijo que el gobierno no dará un salvoconducto a los tres exministros de Morales refugiados en la embajada de México en La Paz si no ordenan el repliegue de los manifestantes.
