Las negociaciones iniciadas ayer por el gobierno interino de Bolivia y los partidos políticos opositores se encuentran atrapadas en un torbellino de maniobras de los seguidores del expresidente Evo Morales, que por ahora han impedido se defina la convocatoria a nuevas elecciones presidenciales.
Una sesión del Congreso programada para este martes para aceptar la renuncia de Morales y proceder a convocar a nuevos comicios, con un nuevo Tribunal Electoral, fue abruptamente cancelada por los diputados del Movimiento al Socialismo (MAS).
La decisión de cancelar la sesión del Congreso, ha puesto en duda la voluntad de los seguidores de Morales y han llevado a la presidenta Interina, Jeanine Áñez, a contemplar la posibilidad de hacer la convocatoria a nuevas elecciones mediante un decreto presidencial.
“El objetivo es llamar a elecciones por lo tanto, si la Asamblea no se pone de acuerdo, tendrá que tomar una decisión la Presidenta para cumplir con el mandato presidencial. Eso es lo que estamos evaluando. Si la Asamblea no se pone de acuerdo, pues no tendremos otra opción que la de convocar a las elecciones mediante decreto”, dijo el ministro de la Presidencia Jerjes Justiniano a los periodistas en La Paz.
Este mecanismo para romper el estancamiento en el Congreso no es nuevo. El expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé lo usó en el 2005 para convocar elecciones, y en el 2010, fue usado por el mismo Evo Morales para designar a magistrados de la Corte Suprema.
Los obstáculos al avance del diálogo no sólo vinieron del Congreso. Los seguidores de Morales llamaron a realizar un “cerco de Túpac Katari”, una especie de cerco alrededor de La Paz y otras importantes ciudades con el fin de bloquear el ingreso de combustible y alimentos hasta forzar la renuncia de Áñez. La estrategia fue usada en el pasado contra el gobierno de Gonzalo Sánchez de Losada, el cual terminó renunciando. Lo mismo ocurrió con su vicepresidente Carlos Mesa, quien sólo aguantó dos semanas el cerco.
Mientras tanto, miles de indígenas seguidores de Morales han protagonizado violentas protestas en La Paz, Cochabamba y otras zonas leales al expresidente, rebasando a la Policía Nacional y llevando al gobierno de Áñez a desplegar a efectivos del Ejército para evitar mayor violencia y destrucción.
El diálogo fue convocado por la Conferencia Episcopal, y respaldado por la Organización de Naciones Unidas y la Unión Europea. El diálogo fue convocado con tres objetivos: lograr la pacificación del país, convocar a nuevas elecciones y nombrar a nuevos directivos del Tribunal Supremo Electoral.
Bolivia cayó en crisis hace ya un mes, cuando las elecciones presidenciales del pasado 20 de octubre fueron denunciadas como fraudulentas por la oposición, luego que Morales se declarara vencedor en primera vuelta. Una posterior auditoría de la Organización de Estados Americanos encontró severas irregularidades y declaró que era “estadísticamente imposible” que Morales hubiese ganado en primera vuelta.
La violencia estalló en las calles bolivianas y una semana después Morales decidió renunciar con una carta y un mensaje a la nación televisado. Salió del país alegando estar en peligro y recibió asilo político en México.
En el diálogo se esperaba que los seguidores de Morales en el Movimiento al Socialismo, aceptaran oficialmente su renuncia y respaldaran la convocatoria a nuevas elecciones con un nuevo Tribunal Supremo Electoral.
Y es que esos tres objetivos están dentro de lo que es el mandato que la Constitución le confiere a la presidente interina. Su rol se limita a convocar nuevas elecciones. Para superar la crisis actual y evitar otras futuras, Áñez pretende nombrar nuevos vocales en el Tribunal Supremo Electoral.
“Se necesitan personas con integridad e independencia, técnicos y especialistas que Bolivia ya tiene”, afirmó el ex embajador de Bolivia en Washington, Jaime Aparicio, quien advirtió que se deben designar personas independientes y no representantes de los partidos políticos que promuevan sus intereses partidarios.
“Eso fue lo que hicieron en Nicaragua y los resultados fueron catastróficos”, afirmó Aparicio, en entrevista telefónica el lunes.
Un criterio similar tiene la columnista del diario La Jornada, Lourdes Montero.
“El mayor riesgo es pasar de un TSE acusado de ser masista a un tribunal sospechoso de favorecer al actual Gobierno, en un clima donde cualquier detalle nos despierta sospechas, escribió Montero sólo antes que funcionarios del gobierno y de la oposición iniciaran el diálogo el lunes.
“Seguramente este acuerdo será establecido en la mesa de diálogo entre Gobierno y oposición, y podrá ser refrendado posteriormente en la Asamblea Legislativa, evitando así que los dos tercios de la composición de las cámaras desequilibren las condiciones del acuerdo. En ese sentido, la convocatoria a elecciones también debe provenir de la Asamblea para despejar cualquier duda sobre su legitimidad. Un decreto supremo puede parecer a algunos un camino más expedito, pero a la larga no tiene la misma validez que un acuerdo amplio”, agregó.
Pero la visión de Montero se estrelló contra una realidad en la que los seguidores de Morales han cancelado la sesión de la Asamblea Legislativa, y ni han aceptado la renuncia de Morales, ni han nombrado nuevas autoridades del Tribunal Supremo Electoral, ni han hecho una convocatoria a nuevas elecciones.
Para el éxito del diálogo, según los analistas, es necesario que gobierno y oposición se pongan de acuerdo en puntos básicos: que Morales ya no es presidente, que se deben nombrar nuevas autoridades al Tribunal Supremo Electoral que le inyecten credibilidad luego del fiasco de las pasadas elecciones y que se convoquen a nuevas elecciones. Asimismo, debe cesar la violencia de los opositores.
“Llegar a ese acuerdo implica aceptar dos constataciones complejas: el MAS tiene que admitir su derrota y el Gobierno debe comprender que necesita convivir con este partido en el campo político. Las señales de las facciones más duras de ambos oponentes no están dispuestas a reconocer esto y, por ello, comprobamos bloqueos constantes en el camino a la pacificación”, escribió Montero en su columna el lunes. “Por una parte, el expresidente Evo Morales debe declinar abiertamente su intención de participar de las próximas elecciones y, por otra, el gobierno necesita bajar el tono de revancha, amenaza de proscripción y cárcel”, señaló la periodista.
Y es que desde la salida de Morales del país, el gobierno ha arrestado a varios funcionarios del Tribunal Supremo Electoral para enjuiciarlos por delitos relacionados al fraude electoral. Ha hablado además que si Morales regresa será para enfrentar acusaciones penales por corrupción y otros delitos.
La polarización está haciendo sumamente complejo llegar a un acuerdo. Y es que según el analista boliviano Carlos Sánchez Berzaín, director en Miami del Instituto Interamericano para la Democracia, lo que se está viendo es la resistencia para que no se desmantele un “narcoestado” que amplió más allá de lo permitido por la Ley las áreas autorizadas para el cultivo de la hoja de coca.
“Esto no es una lucha contra la democracia, es una lucha por preservar un narcoestado creado por Morales y que de las 12.000 hectáreas autorizadas por la ley, se llegó a tener actualmente más de 80.000 hectáreas de coca”, afirmó a la Voz de América en entrevista telefónica desde Miami.
Según Berzaín, en las zonas de cultivo de coca, el ejército y la policía se han tenido que enfrentar a individuos armados con fusiles de guerra que, según él, es la mayor evidencia de la verdadera naturaleza de las protestas. Berzaín rechaza de que se esté efectuando una matanza de manifestantes pacíficos y afirma que es importante que se hagan presentes observadores internacionales.
“Es falsa esa narrativa de Morales y países aliados que pintan la situación como si el gobierno interino estuviera masacrando a la población”, coincidió por su parte el ex embajador Aparicio. “Es importante que vengan observadores y constaten la falsedad de esa narrativa”.
Para esclarecer la situación, la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los derechos Humanos, Michelle Bachelet, desplegó una misión de técnicos hacia Bolivia con la misión de investigar la muerte de por lo menos 23 personas.
Y mientras los simpatizantes de Morales continúan sus protestas y maniobras políticas, en La Paz y otras ciudades se ve venir la nube negra de la escasez ocasionada por la violencia y los bloqueos de las carreteras.
La situación económica es otro aspecto que pone presión sobre Áñez a que se llegue a un acuerdo que traiga de regreso la normalidad. Esto, ya que a pesar de una serie de logros macroeconómicos durante los gobiernos de Morales, en la actualidad hay una falta de información sobre una serie de indicadores económicos que el gobierno no ha estado publicando.
Por ahora se desconoce el monto de la deuda externa, de la deuda interna y del déficit fiscal. Y mientras más tiempo demoren los bolivianos en alcanzar un acuerdo que ponga un alto a la violencia, mayores serán las repercusiones económicas que dejará las protestas por la salida del poder de Evo Morales, un líder político para quien aspirar indefinidamente, una y otra vez, a la presidencia “es un derecho humano”.
