El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pidió el jueves al Congreso que apruebe otros 33.000 millones de dólares en ayuda para Ucrania para ayudarla a combatir la invasión destructiva de Rusia durante los próximos cinco meses de guerra.
Poco antes de que Biden describiera el plan en un discurso televisado, la Casa Blanca dijo que el nuevo gasto incluiría más de 20.000 millones en nuevas armas y asistencia militar, 8.500 millones de dólares en ayuda económica y 3.000 millones en ayuda humanitaria para el país devastado por la guerra que Rusia invadido hace dos meses.
El nuevo total es más del doble de la cifra de 13.600 millones de dólares que el Congreso ya autorizó, un total que ahora se ha agotado en su mayoría en envíos de armas a Ucrania en las últimas semanas.
Según la Casa Blanca, las propuestas fueron preparadas en consultas con varias agencias del gobierno, como los departamentos del Tesoro, Justicia, Estado y Comercio.
En ese sentido, la administración busca trabajar estrechamente con el Congreso para implementar las propuestas, que establecen nuevas autoridades para confiscar propiedades vinculadas con la cleptocracia rusa y permitir que el gobierno use esos recursos para respaldar y fortalecer a Ucrania.
Las propuestas incluyen establecer una autoridad administrativa que simplifique el proceso de incautar activos de los oligarcas, expanda el tipo de activos que serían confiscados y permita el flujo de los ingresos hacia Ucrania.
En esto participarían los departamentos del Tesoro y de Justicia para revisar y simplificar la incautación de propiedades en Estados Unidos de los oligarcas rusos sancionados.
También se crearía un nuevo delito criminal que ilegalizaría beneficiarse a sabiendas o intencionalmente con ingresos obtenidos de tratos corruptos con el gobierno ruso.
La propuesta cierra también una brecha legal que permite a los oligarcas evadir la confiscación de sus activos bajo las leyes actuales y otorgará al Departamento de Justicia nuevos mecanismos para desmantelar organizaciones que permiten violaciones de las sanciones de EEUU.
El comunicado dice además que las propuestas mejorarán la coordinación con aliados y socios internacionales para rastrear los activos de los oligarcas ampliando de cinco a 10 años los plazos de prescripción de delitos, como lavado de dinero y otros.
Finalmente, la nota afirma que Estados Unidos continuará trabajando con sus socios aliados para rastrear los activos y propiedades de los oligarcas en todo el mundo.
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