Un grupo de beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) y líderes de varias organizaciones para la defensa de estas comunidades, se reunieron el lunes día frente al Capitolio de Washington, D.C. para exigir una resolución permanente a su situación migratoria.
“Es urgente que los senadores tomen una decisión pronto, porque literalmente, miles de personas están en riesgo de perder sus empleos y su estatus legal en este país si no se renueva o se da una solución permanente a los que tienen TPS, DACA o DED”, dijo Yanira Arias, Gerente de Campañas de Alianza Américas.
Arias se refiere a que el próximo 2 de enero de 2020 se vence el período de extensión que un juez del Distrito del Norte de California brindó a los beneficiados con este estatus, pero que hasta ahora sigue sin renovar un plazo posterior a esa fecha.
El problema al que las personas con este estatus se enfrentan es que a muchas de ellas en sus lugares de empleo les exigen tener el documento que les autoriza para trabajar con fechas vigentes. Otros necesitan renovar licencias de conducir pero al no contar con un permiso vigente para trabajar y residir en el país, quedarían en una situación de ilegalidad.
“Nosotros somos parte dinámica de la economía de este país, lo que pedimos es que nos brinden lo que ya hemos probado que merecemos", dijo Jaime Contreras, vicepresidente de 32BJ SEIU, un grupo sindical de trabajadores del noreste de Estados Unidos.
La renovación o permanente solución para las personas que tiene este estatus, que según datos del Foro Nacional de Inmigración (NIF, en inglés), incluye a 195,000 salvadoreños, 57,000 hondureños, 46,000 haitianos, 5,800 sirios, 2,550 nicaragüenses, y 1,250 yemeníes, ha sido una situación que tanto en el senado como en la Casa Blanca ha generado distintas opiniones.
A principios de 2018, la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, anunció que el TPS para El Salvador iba a vencer el 9 de septiembre de ese año, al considerar que las condiciones en ese país de llamado Triángulo Norte ya habían mejorado lo suficiente para que ese gobierno recibiera de vuelta a sus connacionales.
La administración también intentó cancelar de forma paulatina el TPS para los hondureños, nicaragüenses, haitianos y sudaneses, pero varios tribunales suspendieron esa medida a raíz de sendas demandas entabladas por grupos como la Unión de Libertades Civiles de EEUU (ACLU) y la Organización Nacional de Jornaleros (NDLON) mientras el asunto se resuelve en las cortes.
