La presidenta de Argentina, Cristina Fernández, resolvió que será la justicia la que determine si el Estado puede nominar sin límite sus cargos en los puestos directivos de las empresas en las que participa.
Sin embargo, el gobierno dio un nuevo golpe al anunciar que prepara una presentación judicial contra la asamblea de accionistas de Siderar que rechazó el decreto de necesidad dictado por el gobierno para designar directores estatales, algo vedado por ley. El director ejecutivo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Diego Bossio, pondrá en marcha la denuncia.
El nuevo decreto presentado por el gobierno plantea la posibilidad de que el gobierno acceda a puestos directivos en empresas en proporción a su participación en ellas. Pero Techint y otras 42 empresas se niegan a asumir ese precepto al considerarlo una injerencia del gobierno.
Algunas empresas "que no quieren distribuirnos sus dividendos", son "los mismos que hablan de seguridad jurídica: qué más seguridad que a que los socios les den lo que les corresponde. Yo espero que la justicia sabrá poner las cosas en su lugar, porque es lo que reclamaría cualquier argentino”, setenció la presidenta. “Se acabó el capitalismo y la seguridad jurídica y la quiero toda para mí”, añadió.
La mandataria alega que las empresas deben distribuir los mandos representativos en proporción. "Nosotros lo que queremos es que distribuyan las partes utilidades que les corresponden a los 40 millones de argentinos, que no son para esta Presidenta, ni para el director de Anses, ni para el ministro de Economía: son para la Asignación por Hijo, las embarazadas, los planes de vacunación, los planes de vacaciones para nuestros jubilados", señaló en referencia a unas medidas sociales que acababa de enunciar.La La Comisión Nacional de Valores (CNV) había anulado “todas las decisiones” adoptadas en la asamblea de Siderar en que la compañía del grupo Techint impidió el ingreso de tres directores por la ANSES.
