Amnistía Internacional (AI) expresó este jueves su preocupación por los derechos humanos en Venezuela. Temas como la ejecuciones extrajudiciales, torturas, malos tratos y la persecución a activistas fueron puntos centrales de su informe 2019, en el caso de la nación suramericana.
La organización asegura, en su apartado sobre Venezuela, que el país sigue "atravesando una crisis de derechos humanos sin precedentes”. Además, indica que existe una “política de represión para silenciar la disidencia”.
“Continuaron las ejecuciones extrajudiciales, las detenciones arbitrarias, el uso excesivo de la fuerza y los homicidios ilegítimos por parte de las fuerzas de seguridad”, se lee en el informe.
Sobre el punto de las ejecuciones extrajudiciales, la organización asegura que se dan a manos de las fuerzas de seguridad y que solo entre el 21 y el 25 de enero, 11 hombres jóvenes fueron ejecutados extrajudicialmente. Destacan que los homicidios siguieron un patrón: “eran hombres jóvenes críticos —o considerados críticos— con el gobierno, provenían de zonas de bajos ingresos y habían tenido una participación visible o difundida en las protestas”.
En el caso de las torturas y malos tratos, recuerdan el caso del capitán Rafael Acosta Arévalo, detenido por Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y quien murió en custodia días después, según sus familiares, por las torturas que sufrió.
Otras de las preocupaciones desatacas del informe es la independencia judicial en el país, pues aseguran que las autoridades “interfiriendo en las decisiones judiciales”.
“Era habitual el uso indebido del sistema de justicia para criminalizar a las personas a las que se consideraba críticas con el gobierno”, señala la organización. Incluso apuntan que que civiles fueron sometidos a tribunales militares.
En el marco de esta situación, AI señala que los defensores de los derechos humanos sufrieron estigmatización y afrontaban cada vez “más obstáculos para desempeñar su labor”. El texto alude a amenazas y ataques por parte de autoridades gubernamentales contra ONGs.
Sin embargo, señalan que las ONGs también se vieron afectadas por el “sobrecumplimiento de las sanciones impuestas por Estados Unidos a entidades gubernamentales”.
“La situación de los derechos económicos, sociales y culturales continuó empeorando dramáticamente”, dice la organización en el texto.
