En un comunicado publicado el viernes y firmado por 169 Organizaciones No Gubernamentales venezolanas, exigen al gobierno del presidente en disputa, Nicolás Maduro, a que se "garantice, respete y promueva la labor de quienes defienden los derechos humanos.
El documento, que se puede leer completo en la página web de la Red Venezolana de Organizaciones de la Sociedad Civil, sinergia.org.ve; asegura que desde el año 2002, los defensores de los derechos humanos han sido reprimidos y hasta criminalizados por su labor.
"Partiendo de un discurso de odio y desprestigio, a través de los medios públicos y oficiales, se pretende desprestigiar y desacreditar el trabajo de las organizaciones y personas que defienden derechos humanos, acompañan víctimas y ejercen acciones de carácter humanitario" reza una parte de la misiva.
Aseguran, además, que en los últimos cinco años bajo la suposición infundada de que en estos organismos se han infiltrado "enemigos del estado" que buscan desestabilizar la paz, se han incrementado los ataques contra el movimiento de derechos humanos en Venezuela.
Esto, de acuerdo a las ONG firmantes, estigmatiza y deslegitima su trabajo "mediante el discurso de odio y desprestigio, ejecutado por autoridades estatales y aplicación de legislaciones restrictivas, acciones judiciales en su contra, actividades de vigilancia y seguimiento, agresiones, ataques digitales, persecución, allanamientos y detenciones arbitrarias, entre otros.
En el último año, las acciones represivas de parte del gobierno en disputa contra disidentes o críticos ha escalado al grado que recientemente prohibió la entrada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, para hacer una visita "In Loco".
Según las ONG venezolanas, la política represiva y de control, "ha facilitado el abuso de autoridad por parte de funcionarios públicos, generando un entorno adverso y hostil" que dificulta aún más sus labores.
Finalmente, estas organizaciones solicitaban acciones inmediatas para resolver los siguientes puntos:
1. Cese de forma inmediata todos los actos de criminalización, intimidación, hostigamiento, descalificación, agresión, contra defensores y defensoras de derechos humanos en Venezuela. Así como también se abstenga de imponer restricciones y limitaciones arbitrarias a la posibilidad de asociarse y reunirse libremente.
2. Implemente los mecanismos necesarios para proveer y garantizar ambientes propicios y seguros para quienes defienden derechos humanos en Venezuela. Así como la creación de recursos jurídicos efectivos para la protección de quienes defienden derechos humanos.
3. Tomar todas las medidas necesarias para asegurar que funcionarios del Estado, otras figuras públicas, se abstengan de hacer declaraciones que estigmatizan el trabajo legítimo de los defensores de derechos humanos.
4. Se investiguen y sancionen a los responsables de cometer agresiones contra personas defensoras de derechos humanos en Venezuela, sean actores estatales o para estatales.
5. Aplique de forma efectiva la Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos; conocida como la Declaración de Defensores, adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1998.
