Más de 100 nicaragüenses liberados y trasladados a Guatemala con la mediación de ese gobierno y EEUU, hacen planes mientras se reorganizan para vivir fuera de Nicaragua y alejados de sus familiares y amigos.
La propuesta del Gobierno nicaragüense pretende reformar al menos ocho artículos del Código Procesal Penal bajo el alegato de combatir "la obstrucción y dilación de los procesos” judiciales contra las personas investigadas por algún delito.
Nicaragua liberó a 135 presos políticos el jueves tras los esfuerzos conjuntos de los gobiernos de Estados Unidos y Guatemala. Entre los liberados se encuentran 13 miembros de la organización Mountain Gateway, con sede en Texas, junto con laicos católicos y defensores de derechos humanos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó a El Salvador que termine con el régimen de excepción y restituya los derechos que han sido suspendidos.
Un video grabado hace 11 años en el que se escucha a narcotraficantes, actualmente en prisión en Estados Unidos, ofreciéndole 13 millones de lempiras (más 525.000 dólares) al cuñado de la mandataria, Carlos Zelaya.
La Asamblea Nacional de Nicaragua, dominada por el Frente Sandinista, aprobó una modificación al Código Penal para permitir juicios y confiscación de bienes de personas u organizaciones, incluso si están fuera del país.
Informe publicado por Naciones Unidas señala que la situación de los Derechos Humanos en Nicaragua ha empeorado "gravemente" desde el año pasado, debido a diferentes delitos en contra de la sociedad.
La presidenta Xiomara Castro había inspirado esperanza cuando fue elegida para ser la primera mandataria del país centroamericano en 2021 con base en la promesa de "sacar a Honduras del abismo en el que nos han sepultado el neoliberalismo, el narcodictador y la corrupción”.
El cierre de consulados nicaragüenses en Estados Unidos y los altos costos de repatriación, vuelven una odisea el proceso de morir en el extranjero.
El científico nicaragüense Jaime Incer Barquero pretendía retornar a su país junto a su esposa, luego de haber viajado a Estados Unidos, sin embargo el gobierno de Daniel Ortega le negó el ingreso sin una razón aparente.
La regularización del estatus migratorio es la principal preocupación de millones de centroamericanos de cara a las elecciones presidenciales en EEUU, que se llevarán a cabo en noviembre.
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, envió a la Asamblea Nacional un proyecto de reforma del Código Penal para imponer entre 15 y 30 años de cárcel a quienes promuevan o pidan sanciones contra funcionarios públicos e instituciones del país centroamericano.
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