Colombia ha registrado 79 casos de feminicidios en lo que va de 2025, según datos del Observatorio de Feminicidios de Colombia. Esta cifra representa un incremento aproximado del 50 % en comparación con el mismo período de 2024.
El aumento continúa evidenciando las fallas estructurales para dar respuestas eficaces a las causas de este flagelo, señalan los expertos consultados por la Voz de América.
Carol Rojas, coordinadora del Observatorio de Feminicidios, destaca que lo que se ha venido presentando en los últimos años no es un aumento de la violencia machista, sino un crecimiento en los mecanismos de denuncia, lo que expone las falencias del sistema penal y la insuficiente implementación de políticas públicas efectivas, perpetuando así la violencia contra las mujeres.
“Esto no pasaba hace 10 años, donde no se reconocía ese concepto (feminicidio) y reconocerlo es un logro y es poner estas cifras en algún lugar de conversación y de análisis que permita enfrentar sus causas”, explicó Rojas.
Rojas enfatizó que, aunque existen leyes destinadas a proteger a las mujeres, estas no abordan las estructuras profundas que sostienen las violencias de género, lo que limita su eficacia.
“Allí tenemos en términos de justicia unos retos muy enormes que no solo es el asunto de la condena, porque si fuera la cárcel una solución del problema otra cosa estaríamos diciendo socialmente, pero sí hay que pensar en las acciones preventivas, donde estamos fallando”, agregó.
Comportamiento de las denuncias
A pesar del incremento en los casos de feminicidios, las denuncias formales no siempre se traducen en condenas efectivas. Un informe de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) reveló que, en 2023, de los 630 feminicidios reportados, el 54 % de los casos se encontraban en fase de indagación, el 8,6 % en investigación, el 47,3 % en juicio y solo el 7,3 % en ejecución de penas.
Estas cifras reflejan una significativa demora en los procesos judiciales y una baja tasa de condenas efectivas, lo que podría estar contribuyendo a la sensación de impunidad entre los agresores.
“Los términos se vencen muchas veces por la congestión judicial, porque la Fiscalía tiene muchos casos y a veces son insuficientes los investigadores que tiene un fiscal para poder adelantar las investigaciones, y hay diversas situaciones que se dan para que se llegue al vencimiento de términos”, comentó a la VOA Elmer Vargas, abogado y psicólogo forense.
Además, señala que la ausencia de un seguimiento riguroso a las denuncias de estos casos y la falta de recursos destinados a la prevención y atención de la violencia de género agravan la problemática.
“Hay varias situaciones que han dado lugar a debates relacionados a reformas, y hay una situación que nuestra política criminal es coyuntural por eso se dan muchas normas a partir del populismo punitivo y se crea esa norma sin un estudio suficiente relacionado con estadísticas serias que permita la prevención del delito”, detalló Vargas.
Un problema en la sociedad colombiana
La violencia contra las mujeres en Colombia es un fenómeno arraigado en estructuras culturales y sociales que perpetúan la desigualdad de género, apuntó Rojas.
“La precariedad imposibilita cosas. No es lo mismo tener posibilidades económicas a casi no tenerlas para salvarse; creo que allí hay menos opciones para poder activar y moverse, son quienes son mayoritariamente segregados”, detalló.
Y sostuvo que la normalización de la violencia en distintos ámbitos y la insuficiente asignación de recursos para programas de prevención y atención contribuyen a la persistencia de este problema en la sociedad colombiana.
“Sabemos que hay disputas tanto políticas como ideológicas que posibilitan o no ciertas estrategias para poder contrarrestar muchas formas de violencia, entre ellas la de género”, concluyó.
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