Homicidios arbitrarios, torturas, condiciones “inhumanas” en prisiones y desapariciones forzosas, entre otros problemas significativos de derechos humanos, permanecieron en 2022 en países como Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala, reveló un informe anual publicado el lunes por el Departamento de Estado de Estados Unidos.
En El Salvador, por ejemplo, se destaca que desde la implementación del estado de excepción, se reportaron numerosos arrestos arbitrarios, invasión de hogares, procedimientos injustos, y muertes de detenidos después de prestar declaración ante las autoridades. Más de 52.000 personas fueron arrestadas en los primeros seis meses del estado de excepción, “llevando a alegaciones de sobre población y tratamiento inhumano en prisiones”.
EEUU resaltó que la “impunidad persistió en las fuerzas de seguridad, otras oficinas de la rama ejecutiva, y el sistema de justicia” en El Salvador. “Hubo informes de que el gobierno o sus agentes cometieron homicidios arbitrarios o ilegales, en gran parte derivados de la muerte de detenidos mientras estaban en prisión durante el estado de excepción”, lee el documento. La Policía Nacional Civil (PNC) informó en su momento que hasta agosto ningún policía en El Salvador había sido acusado de homicidio.
En agosto 22, la Procuraduría de Derechos Humanos reportó haber recibido más de 400 quejas de posibles abusos durante el estado de excepción.
El reporte revisa la situación de derechos humanos en 198 países y territorios alrededor del mundo con información recopilada por empleados del Departamento de Estado, así como miembros de misiones especiales.
“Numerosos abusos” en Nicaragua, sentencias “draconianas” en Cuba
En Nicaragua, el gobierno estadounidense resaltó “numerosos abusos” por parte de las fuerzas de seguridad, así como tratos degradantes por parte de guardias penitenciarios, condiciones carcelarias potencialmente mortales y represión transnacional contra personas ubicadas en otros países.
“El gobierno no tomó medidas para identificar, investigar, enjuiciar o castigar a los funcionarios que cometieron abusos contra los derechos humanos, incluidos los responsables de al menos 355 asesinatos y cientos de desapariciones durante el levantamiento en favor de la democracia de 2018. El gobierno no abordó los casos de corrupción generalizada. El presidente [Daniel] Ortega reforzó la impunidad de los violadores de derechos humanos que le fueron leales”, abunda el informe.
Durante el anuncio de la publicación del reporte, Antony Blinken, secretario de Estado de EEUU, apuntó que el documento “hace un recuento objetivo y riguroso de las condiciones de los derechos humanos en todo el mundo”. Entre los países con retroceso en condiciones de derechos humanos mencionó que “en Nicaragua, el gobierno autoritario continúa deteniendo a los presos políticos y manteniéndolos en pésimas condiciones carcelarias” y en “Cuba los tribunales han dictado sentencias de cárcel draconianas a cientos de personas por protestar por sus derechos”.
En Cuba, a diferencia del 2021, no hubo informes confirmados de desapariciones prolongadas por las autoridades gubernamentales, pero permanecieron las ejecuciones ilícitas, torturas y problemas de independencia del poder judicial.
Corrupción en Venezuela, Honduras y Guatemala
Por otro lado, en Venezuela, continuaron los reportes sobre abusos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad, entre ellos asesinatos ilegales y arbitrarios. “El régimen de Maduro no tomó ninguna medida efectiva para identificar, investigar, enjuiciar o castigar de manera significativa a los funcionarios que pueden haber cometido abusos contra los derechos humanos o participar en actos de corrupción”, lee el documento.
Organizaciones no gubernamentales en Venezuela registraron 485 ejecuciones extrajudiciales en el contexto de operativos de seguridad o protestas en el primer semestre del año 2022.
![Un grupo de estudiantes nicaragüenses sostienen una foto del expresidente venezolano Hugo Chávez, en Managua. [Foto: Cortesía]](https://gdb.voanews.com/01000000-0aff-0242-0ff2-08db2950464a_w100_r1.jpeg)
Ante la creciente migración de venezolanos fuera del país, Estado resaltó que los continuos cierres fronterizos hicieron que los ciudadanos “no tuvieran más remedio que usar cruces fronterizos informales que en gran parte estaban controlados por grupos armados ilegales”.
En Honduras y Guatemala, Estado resaltó la presencia de la corrupción y la falta de investigación en la violencia de género, así como contra grupos indígenas. Aunque en Honduras se reportó asesinatos arbitrarios por parte de agentes del gobierno, en Guatemala no se logró confirmar dicha información. Aún así, se reportó la muerte de activistas bajo “condiciones sospechosas” mientas policías corruptos estuvieron involucrados con organizaciones criminales violentas.
Costa Rica fue el único país de América Latina donde no hubo informes de abusos significativos contra los derechos humanos, sin embargo, hubo informes de casos aislados en los que miembros de las fuerzas de seguridad cometieron abusos.
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