Las nativas estadounidenses enfrentan mayores tasas de violencia doméstica y asalto sexual que cualquier otro grupo en Estados Unidos, señaló la enviada especial de Naciones Unidas para la Violencia contra las Mujeres, Rashida Manjoo.
Según el Departamento de Justicia, una de cada tres de estas mujeres será violada en algún momento de su vida, y 3 de cada 5 serán físicamente maltratadas.
La emisaria de la ONU atribuye las causas de esta violencia a la pobreza de las comunidades indígenas norteamericanas y a la histórica discriminación.
Del 60 al 80 por ciento de los actos de violencia contra las indígenas en este país son cometidos por estadounidenses no nativos, señala la emisaria, que agrega que las restricciones impuestas a las comunidades indígenas les impiden investigar y procesar los crímenes violentos en sus territorios, lo que hace que las mujeres deban acudir a los gobiernos federales y estatales para denunciar esos delitos.
Manjoo también se refirió al colectivo de mujeres encarceladas, sobre las que advierte de una sobrepoblación en las prisiones y una falta de servicios de salud física y mental que constituyen un problema en muchas prisiones estatales y federales.
España legaliza a maltratadas
Las víctimas inmigrantes de violencia de género y de trata podrán obtener la residencia y el permiso de trabajo en España durante cinco años.
Además, se suspenderá, si existiese, el procedimiento para su expulsión, según señala el Reglamento de la Ley española de Extranjería aprobada en 2009, que se encuentra en fase de borrador y pendiente de los informes obligatorios antes de su aprobación definitiva, explicó la secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Anna Terrón.
La reforma establece que cuando se aprecien indicios de agresiones o se haya emitido una orden de protección, la mujer extranjera puede solicitar un permiso de residencia y trabajo provisional para ella y para sus hijos menores que se encuentren en España, que tendrá una limitación temporal de cinco años si el proceso ha concluido con sentencia condenatoria.
Si no se prueban estas acusaciones, continuará el procedimiento sancionador que podría implicar su expulsión.
La ministra Terrón afirmó que esta regulación favorece "la integración social de los inmigrantes y la convivencia".
