Organizaciones de la sociedad civil venezolana adelantan esfuerzos para lograr justicia para víctimas de presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en el país y esperan que la fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) reanude la investigación del caso Venezuela I.
En ese sentido, testimonios de víctimas fueron recopilados en un informe titulado “24 testimonios, 21 crímenes de lesa humanidad”, del Observatorio Latinoamericano y del Caribe de Prisiones (OLACP) y el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), con el propósito de que sea evaluado por la fiscalía de la CPI “sirva como insumo” para la solicitud de la reanudación de la investigación.
“Los desgarradores testimonios puestos de relieve en este informe y la ausencia de investigaciones genuinas y significativas a nivel interno en contra de los presuntos responsables, evidencian la necesidad de que la situación de Venezuela I continúe bajo el escrutinio de la CPI”, expone el texto divulgado esta semana.
El informe, que, según testimonios de víctimas, expone algunos de los actos más frecuentes de tortura, entre ellas “asfixia por ahorcamiento” y “electrocución en distintas partes del cuerpo”, subraya que los eventos narrados por las 24 víctimas entrevistadas solo representan una muestra de las “graves, masivas y sistemáticas” violaciones de DDHH.
Humberto Prado, director del OLACP, reiteró que los testimonios evidencian que el Estado no ha realizado investigaciones “exhaustivas e imparciales” que determinen las responsabilidades de todos los involucrados, especialmente de los niveles medios y altos de las cadenas de mando.
En noviembre del año pasado la fiscalía de la CPI decidió abrir una investigación formal a Venezuela por presuntos crímenes de lesa humanidad y, a principios de este año, el fiscal de la CPI, Karim Khan, anunció que acordó con el presidente Nicolás Maduro la instalación de una oficina en el terreno.
Desde entonces, el gobierno venezolano inició una serie de reformas en el sistema de justicia que, según diversos sectores, no “altera el hecho de que en Venezuela no hay tribunales ni imparciales ni independientes”.
Durante el último diálogo interactivo sobre Venezuela antes de dejar el cargo, Michelle Bachelet, ex Alta Comisionada para DDHH de la ONU, llamó a cesar prácticas que atenten contra las libertades cívicas y democráticas.
También dijo reconocer “avances” en la implementación de recomendaciones formuladas por su oficina, entre ellas, las reformas que en materia judicial ha llevado a cabo el Estado venezolano pero que, para algunos sectores, solo buscan “eludir” las competencias de la CPI.
Al respecto, Daniela Suárez, coordinadora de investigación del informe, explica que el Estado ha tratado de “evitar” que el proceso continúe en la CPI, por lo que interpuso un recurso de interpretación judicial en el que se mostró dispuesto a colaborar y cuestionó la imparcialidad de la fiscalía.
Actualmente, las organizaciones defensoras de derechos fundamentales están a la espera de que el fiscal de la CPI introduzca una solicitud formal ante la Sala de Cuestiones Preliminares para continuar la investigación contra Venezuela por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela, “en virtud del artículo 18 (2) del Estatuto de Roma”.
“Esperamos que la fiscalía, en caso de no haberlo hecho, realice esa solicitud de continuación”, dijo Suárez durante la presentación del informe que considera puede brindar aportes a la continuidad del proceso.
“El Estado, en la mayoría de los casos, lo que ha hecho es utilizar el sistema penal en contra de las propias victimas”, denunció.
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