Tras el anuncio del presidente Nicolás Maduro de haber aceptado la solicitud del mandatario colombiano, Gustavo Petro, de convertirse en garante en las negociaciones de paz de Colombia con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), se produjeron inmediatas reacciones de activistas y dirigentes políticos venezolanos que cuestionan su “neutralidad” y se refieren a las denuncias sobre la presencia de la organización en territorio venezolano.
“A Colombia le decimos, Venezuela acepta el carácter de garante de las negociaciones y de los acuerdos de paz de Colombia con el ELN y pondremos nuestra mejor voluntad en el nombre de Dios Padre todo poderoso por la paz total de Colombia”, dijo Maduro el martes por la noche en una transmisión del canal del Estado.
En ese sentido, Juan Pablo Guanipa, primer vicepresidente del Parlamento de 2015, se dirigió a Petro asegurando que la posibilidad de que Colombia retire la demanda contra el Estado venezolano ante la Corte Penal Internacional (CPI) y su intención de sumar a Maduro como garante en el proceso de paz podría “costarle el prestigio a su política internacional”.
“Presidente Petro, Nicolás Maduro ha protegido, financiado y amparado a grupos guerrilleros que, desde territorio venezolano han atentado contra las instituciones y la democracia colombiana. El ELN es uno de ellos”, escribió en Twitter.
En su mensaje en redes sociales, Guanipa recomendó al mandatario colombiano no poner la “paz total en manos de Maduro” y le pidió recordar que “no habrá paz en Colombia, mientras no haya democracia en Venezuela”.
Rocío San Miguel, presidente de Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional (FAN), se pronunció asegurando que, como país fronterizo, “esto implica declaración de neutralidad frente al conflicto armado, con profundas implicaciones en materia de Derecho Internacional Humanitario (DIH) para el Estado venezolano y la FANB”.
Carlos Vecchio, embajador ante Estados Unidos del gobierno interino presidido por Juan Guaidó, aseguró que Maduro solo ha garantizado que el ELN “siga traficando droga y cometiendo actos terroristas” desde Venezuela.
“¿Puede garantizar algo quien en Venezuela se ha dedicado a manipular los esfuerzos de negociación y a encarcelar a quienes piensan distinto?”, se preguntó Vecchio en su cuenta en Twitter.
El representante del gobierno interino reconocido por decenas de países, entre ellos EEUU, recordó que Maduro abandonó las negociaciones con la oposición en México para defender a “un colombiano involucrado en grotescos casos de corrupción”, en referencia a Alex Saab, considerado un representante diplomático por el gobierno venezolano.
El proceso de diálogo quedó suspendido en octubre del año pasado, tras la extradición a EEUU de Saab, a quien el gobierno de Maduro buscaba incorporar en su delegación.
Años de denuncias
En julio de 2020, el Parlamento de 2015 condenó las declaraciones de Álvaro Díaz, alias “Edward”, miembro del ELN que, en un video divulgado en redes sociales, juró lealtad a Maduro.
“Compañero, comandante y jefe, Nicolás Maduro Moros, cuente con el Ejército de Liberación Nacional hasta la muerte, somos leales a Venezuela y queremos que tengan confianza en nuestras tropas, en nuestra fuerza militar que tenemos, que seamos una sola para defender la patria de Simón Bolívar”, dijo el hombre en el video.
El material audiovisual llevó a la Asamblea Nacional (AN) a debatir sobre terrorismo de Estado y la presencia de grupos irregulares, supuestamente amparados por el gobierno de Maduro.
Desde hace varios años diversas organizaciones han denunciado la creciente presencia del ELN en territorio venezolano, un aspecto al que el Departamento de Estado de Estados Unidos hizo referencia en su informe sobre terrorismo en el mundo, presentado en septiembre de 2020 y que fue rechazado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela.
Javier Tarazona, director de FundaRedes, una ONG de Derechos Humanos que investiga y documenta la actuación y presencia de grupos armados irregulares en zonas fronterizas del país, y que se encuentra detenido desde el año pasado, formuló la denuncia en distintas ocasiones.
Desde su detención, activistas en zonas fronterizas se muestran cautelosos al referirse públicamente al conflicto entre grupos irregulares colombianos en territorio venezolano, y que, de acuerdo a Insight Crime, buscan controlar rentas criminales que incluyen tráfico de drogas, personas y combustible.
Según Insight Crime, un centro de pensamiento que busca profundizar el debate sobre el crimen organizado y la seguridad ciudadana en las Américas, hay evidencias de que las operaciones del ELN van más allá de territorios fronterizos y que tendrían presencia en al menos 12 estados del país.
“Estaría desarrollando actividades como contrabando de ganado, contrabando de gasolina, cobro de extorsiones, distribución de comida, reclutamiento de menores, ataques a funcionarios de cuerpo de seguridad, entre otras”, ha reportado Insight Crime que también ha precisado que las actividades del grupo guerrillero en los estados Amazonas y Bolívar “se ha concentrado en ejercer control sobre algunas de las minas y el Arco Minero, donde participan de la actividad extractiva”.
Durante los primeros meses de 2021, la Fuerza Armada Nacional de Venezuela (FAN) y grupos irregulares colombianos en el estado Apure, protagonizaron enfrentamientos que dejaron “centenares de familias” desplazadas forzosamente a territorio colombiano.
En ese entonces, el Ministerio de la Defensa de Venezuela aseguró mantener una política de “cero tolerancias” contra grupos delincuenciales y ratificó su compromiso de combatir “delitos trasnacionales” que pretendan ser cometidos en territorio venezolano.
Además, señalaron al expresidente Duque e incluso a la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA), de patrocinar a grupos irregulares que incursionaron en Venezuela.
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