Organizaciones de la sociedad civil venezolanas y defensoras de derechos humanos cuestionaron la cooperación del Estado venezolano con organismos como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OHCHR) e invitaron a un mayor respuesta de la comunidad internacional.
Unas 24 organizaciones publicaron este jueves un informe de casi 50 páginas en el que analizan el cumplimiento y seguimiento de las recomendaciones dadas desde la OHCHR al Gobierno venezolano desde 2019.
En sus conclusiones, valoran “la determinación” de la Alta Comisionada de la ONU para los DD.HH. Michelle Bachelet y su oficina “en presentar informes y actualizaciones orales, a pesar de la persistencia de un ambiente hostil para el ejercicio de los derechos humanos en el país”.
Sin embargo, consideran que ha dejado de lado en varias ocasiones el examen de cumplimiento de sus recomendaciones y se han omitido “temas de relevancia”.
“Se evidencia que en 2019, 2020 y 2021 la Alta Comisionada ha emitido un total de 43 recomendaciones, así el Estado venezolano no ha dado cumplimiento a ninguna de ellas, mostrando en un total de 33 recomendaciones un franco retroceso”, señalan en el texto.
En el marco de ese reporte, el Centro de Justicia y Paz (Cepaz), en colaboración con otras de las organizaciones que participaron en su elaboración, expusieron en un evento en línea como materias dentro de recomendaciones que ha dado Bachelet, como el tema de la justicia y detenciones arbitrarias, no se han cumplido.
Andrea Santacruz, del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana (CDH-Unimet), recordó que entre las 23 recomendaciones dadas en 2019 por Bachelet, estaba la adopción de medidas para “cesar, subsanar y prevenir” violaciones graves de DD.HH. como la tortura, pero actualmente, su uso está “extendido” entre las fuerzas de seguridad del Estado.
“El Estado (venezolano) no tiene un compromiso real de atender sus obligaciones internaciones”, indicó la también abogada.
Entre tanto, María Daniela Rivero, de Cepaz, aseguró que el principio de complementariedad de las instancias internacionales no puede convertirse “en una protección para el Estado”.
“Venezuela necesita una respuesta multilateral de cara a un Gobierno que no muestra voluntad de cooperar y cumplir sus obligaciones de proteger a la población y se niega a implementar recomendaciones con el objetivo de garantizar acceso a la justicia”, indicó en el evento.
Otras de las ponentes, Ligia Bolívar, coordinadora de la iniciativa Alerta Venezuela, se refirió a la presencia de representantes de la OHCHR en el país, indicando que ha estado marcada por la “opacidad” y no ha contado con la participación de la sociedad civil.
Desde que se tiene esta presencia en el país, indica Bolívar, la Alta Comisionada “ha bajado su tono” sobre la situación del país, asegurando no ha tocado temas como la detención de los cinco miembros de la ONG Azul Positivo.
“No necesitamos una oficina en Venezuela, necesitamos una oficina para Venezuela”, indicó Bolívar.
En febrero, durante una actualización oral, Bachelet aseguró que están evaluando la Carta de Entendimiento con el gobierno venezolano de cara a "reforzar su cooperación y presencia en el país”.
También durante una actualización, pero en marzo, funcionarios del gobierno venezolano expresaron la necesidad “preservar y consolidar” la cooperación con la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los DD.H.H.
En febrero, Venezuela recibió una visita de la Relatora Especial de la ONU sobre Medidas Coercitivas Unilaterales y Derechos Humanos, Alena Douhan. Fue la primera visita de su tipo luego de que unas de las recomendaciones de Bachelet instara a invitar unos 10 mecanismos temáticos del Consejo de Derechos Humanos en dos años.
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