La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela indicó este miércoles que continúa estableciendo los hechos y las circunstancias “de los presuntos abusos y violaciones de los derechos humanos” en la nación suramericana y presentó los datos encontrados hasta el momento de su trabajo, aún en curso.
La misión realizó su primera actualización oral, durante la 46ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, luego de que su mandato fuera extendido por otros dos años en octubre del año pasado.
Marta Valiñas, presidenta de la Misión y encargada de la presentación, recordó los resultados a los que llegaron en su primer informe, presentado en septiembre de 2020: algunas violaciones “se cometieron a gran escala y constituyeron crímenes de lesa humanidad”.
Entre los primeros puntos de la actualización estuvo la elección parlamentaria del pasado 6 de diciembre de 2020, en el que el chavismo retomó el poder de la Asamblea Nacional. Destacaron que fueron evaluadas, nacional e internacionalmente, como “injustas y carentes de libertad”.
“Con esta concentración de poder, el clima político de exclusión de las voces disidentes parece continuar, marcado por la represión de la oposición política”, afirma la misión.
En la actualización, igualmente se destaca que continúan los procedimientos penales en más de dos tercios de los 110 casos de detenciones arbitrarias investigadas en el primer informe. “Para las y los que siguen encarcelados, los retrasos en los procesos judiciales han causado daños graves y, en algunos casos, irreparables”, señala el documento.
Además de expresar su preocupación por los detenidos en los centros de inteligencia militar y civil, se adelanta que identificaron al menos 36 nuevos casos de presuntas detenciones arbitrarias, y se agrega que, “algunas de ellas parecen haber tenido una motivación política”.
En esta línea, la misión expresó su inquietud por la "persecución" de personas y organizaciones no gubernamentales dedicadas a labores humanitarias y de derechos humanos.
"El gobierno ha endurecido los requisitos para el registro, el financiamiento y el funcionamiento de las ONGs”, afirma. Entre los casos resalta la detención y posterior excarcelación de activistas de la ONG Azul Positivo.
Se resalta el hecho de que, desde el comienzo de la pandemia de COVID-19, más de 20 personas han sido detenidas, promete: “Investigaremos si se trata de detenciones arbitrarias”.
Valiñas adelantó además que la misión ha identificado más de 200 asesinatos cometidos por las fuerzas policiales desde el comienzo del año. Destacó la realización a inicios de enero de “la que podría ser una de las operaciones policiales más letales hasta la fecha”, en el barrio de La Vega, en Caracas.
“Nuestras investigaciones preliminares indican que al menos algunos de los asesinados fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales”, afirmó.
Valiñas recordó que el presidente Nicolás Maduro habló recientemente ante el Consejo de DD.HH. y “expuso una visión para Venezuela con los derechos humanos como pilar central”. “Mientras lo hacía, él y su gobierno continuaron tergiversando la gravedad de la situación y negando toda transgresión”, apuntó.
En esa presentación, el mandatario venezolano indicó que trabajarán “decididamente" con los actores del Consejo. Sin embargo, indicó que: "no aceptaremos la injerencia o intervención de ningún mecanismo inquisidor contra nuestra patria Venezuela”.
La Misión indicó que se han puesto en contacto con el gobierno de Venezuela para iniciar un diálogo y poder realizar investigaciones en el terreno. “Aún esperamos que las autoridades de Venezuela cooperen con nosotros”, se afirmó.
Respuesta venezolana
El representante de la misión venezolana, Hector Constant, rechazó “categóricamente” la “perversión de mecanismos que se crean con el solo fin de agredir a países”.
“La intervención que acabamos de escuchar sobre mi país, así como el informe que la precedió, es vivo ejemplo de la falta de moral que vivimos en nuestros tiempos. Es totalmente destemplada, acuciosamente imprudente, tristemente débil (...)”, dijo Constant.
Aseguró que la información presentada es “falsa", "en extremo politizada", y "sin balance alguno”.
Durante la presentación del primer informe, el gobierno ya había asegurado que estaba "plagado de falsedades" y "sin rigor metodológico alguno". Incluso llegó a ser calificado como "piratería jurídica".
