Relatora de la ONU pide “revisar y levantar” las sanciones al sector público venezolano

La relatora especial de las Naciones Unidas sobre medidas coercitivas unilaterales y derechos humanos, Alena Douhan, concluyó que las sanciones contra Venezuela afectan dentro y fuera del país y pidió a EE.UU. reconsiderar las sanciones al sector público.

Douhan terminó este viernes su visita a la nación suramericana que inició el pasado lunes 1 de febrero. En una rueda de prensa en Caracas, la relatora explicó que, entre sus encuentros, se reunió con el presidente Nicolás Maduro, además de otros funcionarios de altos rangos.

Igualmente, agregó, se reunió con representantes de todo el espectro de partidos políticos, sindicatos, organizaciones humanitarias nacionales e internacionales; el sector privado, la iglesia católica e, incluso, víctimas de violaciones de derechos humanos, entre otros.

En el reporte que presentó, Douhan hizo un recuento de las sanciones estadounidenses desde que comenzaron en 2005, para luego acentuarse durante las administraciones de los expresidentes Barack Obama y Donald Trump.

Igualmente mencionó las sanciones de la Unión Europea, como el embargo de armas, y de otros países de región, como Canadá, Colombia y Panamá, en su mayoría individuales.

La relatora concluyó que: “las sanciones impuestas contra Venezuela, sus ciudadanos y empresas afectan a personas en Venezuela y fuera de su territorio tanto en el sector público como en el privado, nacionales de terceros países y empleados de empresas de terceros países afectados por sanciones secundarias o el miedo a ellas, donantes y ONG humanitarias internacionales; beneficiarios de asistencia de organismos internacionales”

Indicó que entre los más afectados estarían las personas de bajos recursos, mujeres, niños y personas con necesidades especiales “en lo que respecta a todo el ámbito de los derechos humanos, incluidos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales y como también el derecho al desarrollo”.

El informe presentado indica que el declive de la economía venezolana, dependiente del petróleo, comenzó en 2014 con la baja de los precios, y aseguró que entre otros de los factores citados en el reporte, está la mala gestión y el control de precio estatal.

También se destacó el fenómeno migratorio en el país, las precariedades del sector salud, y la situación de los servicios públicos en el país, entre otros aspectos de la crisis que atraviesa el país.

“Observo con preocupación que las sanciones sectoriales a las industrias del petróleo, oro y minería, el bloqueo económico a Venezuela y el congelamientos de los activos del Banco Central han exacerbado la situación económica y humanitaria preexistente”, apuntó.

Igualmente se refirió a las sanciones individuales. Aseguró que la lista de funcionarios ex officio contradice la prohibición de sancionar por actividades que no constituyan un delito y “socava el principio de igualdad soberana de los Estados”.

Aseguró que tomó nota de la decisión del gobierno estadounidense de emitir una licencia para "ciertas transacciones" que involucren al gobierno venezolano, consideradas “normalmente contingentes y necesarias para las operaciones o el uso” de puertos y aeropuertos en Venezuela.

Aunque reconoció las excepciones humanitarias, apuntó que “son ineficaces e ineficaces”.

Sus recomendaciones

La relatora de la ONU indicó que las consideraciones humanitarias deben prevalecerán sobre las políticas. Agregó que las medidas unilaterales deben implementarse teniendo en cuenta el estado de derecho y los derechos humanos.

Douhan instó al gobierno de EE.UU. a terminar la emergencia nacional relativa a Venezuela. Pidió: “Revisar y levantar las sanciones sectoriales contra al sector público venezolanos, revisar y levantar sanciones secundarias contra terceros países, y abstenerse de imponer sanciones respecto al suministro de diésel".

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Además, pide a todos los Estados que reconsideren las sanciones selectivas “para garantizar la posibilidad de que los funcionarios estatales de Venezuela representen al Estado".

Específicamente, pidió a Reino Unido, Portugal y Estados Unidos -y a sus respectivos bancos centrales- descongelar los activos del Banco Central de Venezuela, para la compra de bienes esenciales.

Douhan recordó que sus observaciones son de carácter preliminar y que ofrecerá su informe completo al Consejo de Derechos Humanos en septiembre de este año.

Al ser consultada por la Voz de América sobre el peso de las sanciones en los problemas del país al que hizo referencia, indicó que si bien ya el país tenía sus desafíos antes de que llegaran las sanciones, ratificó que si “exacerbaron” la situación.

Primeras reacciones

El presidente venezolano Nicolás Maduro se refirió al informe de Douhan y en declaraciones transmitidas por el canal oficial, indicó que estableció un conjunto de elementos “muy importantes” objeto de estudio.

“Nosotros hemos venido denunciando las sanciones ilegales del gobierno de EE.UU. contra todo el pueblo de Venezuela. Y no solo lo hemos venido denunciado, sino [que] hemos venido actuando para mitigar el impacto brutal que han tenido”, indicó Maduro.

Por su parte, Miguel Pizarro, comisionado para la Organización de Naciones Unidas de Juan Guaidó, reconocido por decenas de países como presidente interino de Venezuela, lamentó que una relatora de la ONU “se preste para la propaganda y narrativa que excusa al régimen de su responsabilidad en la emergencia humanitaria y en la violación masiva de los derechos humanos”.

Pizarro igualmente cuestionó sus impresiones y la falta de mención a temas como la corrupción, la ineficiencia o la violencia. Sin embargo, reconoció y valoró su preocupación expuesta sobre la persecución a las ONG, el bajo índice de seguridad alimentaria y la disminución de la capacidad adquisitiva, también mencionadas en el informe.

“Insistimos, además, que así como se le dio acceso a la relatora especial contra las medidas coercitivas, se le debe dar entrada a los grupos de trabajo sobre detenciones arbitrarias, a los relatores especiales contra la tortura, contra las ejecuciones extrajudiciales, en favor de la liberta de expresión, entre otros”, indicó.

^{*Con información de Adriana Núñez Rabascall y Luisana Solano}