La reciente venta de las acciones de PDVSA en la refinería REFIDOMSA en República Dominicana resultó en una operación por más de 88 millones de dólares, donde la estatal venezolana vendió el 49% de sus activos. Una transacción que según expertos, genera más dudas que certezas.
“Esa fue una operación básicamente para favorecer algunos tenedores de los bonos de Venezuela, porque eso representa apenas el 0,16% de la deuda en bonos, tanto de la República como de PDVSA del total que hoy tiene el país y la estatal petrolera”, explicó a la Voz de América Antonio De la Cruz, analista de Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) y especialista en energía y finanzas.
Otros consideran que esta transacción es el reflejo de la crisis que atraviesa la petrolera estatal venezolana, desde el 2014, pero que se agravó en los últimos años, debido a las sanciones de Estados Unidos.
“Como PDVSA no ha podido enfrentar el problema desde sus raíces, es decir reestructurando su deuda, reformando el marco jurídico para traer inversiones, lo único que ha podido hacer PDVSA es resolver problemas puntuales y esa casuística a lo que ha llevado es a desprenderse de activos que ya PDVSA no puede mantener debido a este profundo colapso financiero y operacional”, afirma José Ignacio Hernández, profesor de Harvard Kennedy School, en entrevista con Venezuela 360.
Pero desde el gobierno de Venezuela aseguran que la venta de las acciones de PDVSA en República Dominicana descansa en las sanciones de Estados Unidos, según un comunicado publicado por Tareck El Aissami, ministro del Poder Popular del Petróleo.
“Las delictivas medidas coercitivas unilaterales impuestas por el Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, impidió por primera vez en la historia, que la República Bolivariana de Venezuela y PDVSA cumplan con los compromisos financieros adquiridos con muchos de sus acreedores", sostiene el documento.
No obstante, expertos en Washington ponen en entredicho los argumentos del gobierno venezolano. “Las sanciones aplican a toda empresa en la cual PDVSA tenga 50% o más de su capital social y en REFIDOMSA solo tenía 49% (...) REFIDOMSA no era una empresa sujeta al régimen de sanciones", explica Hernández.
Otros analistas consideran estos argumentos desde una perspectiva política más amplia. “Cuando Tareck [El Aissami] dice que las sanciones no les permiten poder cumplir, es básicamente una narrativa para seguir presionando porque las sanciones sean flexibilizadas.”, afirma De la Cruz.
Entre tanto desde la oposición de Venezuela apuntan a la idea de despolitizar el manejo de los bienes del estado venezolano. Lamentan la venta de estos activos y avivan serias dudas sobre las razones detrás de la transacción y el destino de los fondos.
“Hasta que nosotros no unifiquemos todos los activos venezolanos y los protejamos legalmente y le pongamos transparentemente una gerencia fuera, separada del tema político, va a seguir sucediendo precedentes como estos y al final todo está cayendo en la corrupción de Maduro, porque no hay control de lo que sucedió con ese dinero”, afirma Julio Borges, comisionado para las Relaciones Exteriores de Venezuela, en entrevista con la Voz de América.
El plan de la oposición incluye la institución de un fideicomiso que involucre a organismos multilaterales con la intención de “proteger precisamente y separar lo político de lo gerencial”, subraya Borges.
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