De acuerdo con un documento interno de la petrolera venezolana, PDVSA, al que tuvo acceso la Voz de América, el Gobierno de Nicolás Maduro estaría retomando el sistema de concesiones privadas e inversión extranjera para recuperar los niveles de producción de petróleo previos a la llegada de Hugo Chávez al poder.
Según el dosier "Oportunidades de Inversión” serían necesarios 58.000 millones de dólares para regresar a los 3.4 millones de barriles diarios de 1998. En la práctica, los planes de Maduro implicarían elevar la producción cerca de seis veces más a la actual, pues según la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, Venezuela produjo 445.000 barriles de petróleo en el mes de abril.
De acuerdo con el documento, bajo estos contratos, los inversores financiarían el 100 por ciento de las operaciones y su comercialización. No así la titularidad, que seguiría siendo del Estado venezolano.
“A una empresa se le va a dar una concesión por 20 años para que opere un campo y tiene todos los derechos para la operación y para la comercialización del crudo. Lo único que no es dueña de la reserva porque la Constitución no lo permite”, aseguró Horacio Medina, ex directivo de PDVSA, a la Voz de América.
Según el experto en petróleos, la existencia de este documento interno, y el hecho de que PDVSA busque ahora inversión extranjera, es una muestra de “la destrucción de la industria de hidrocarburos y una privatización de las operaciones y de la privatización de todo lo que es la comercialización del crudo. Eso es un paso en sentido inverso a todo lo que ellos han dicho desde 1999”.
Sin embargo, llegar a los 3.4 millones de barriles diarios de 1998 podría costar más de los 58.000 millones de dólares previstos inicialmente por PDVSA. De acuerdo con el economista en petróleos Carlos Mendoza, “se podría llegar a un millón de barriles diarios en dos años, pero eso de 60 billones para llevar a la producción de 1998 es una locura".
Y sin signos a la vista de que la Administración Biden vaya, por ahora, a levantar o flexibilizar las sanciones a PDVSA, ¿cual sería el objetivo de Nicolás Maduro con este plan de levantar la producción petrolera mediante el retorno al sistema de concesiones?
Para Mendoza, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, “es un hombre que está encuadrado con la política del estado norteamericano, y la política del estado norteamericano es una: ‘No queremos a Maduro’”. Ante este panorama, asegura, Maduro en realidad estaría recurriendo a manos extranjeras para recuperar sus refinerías y abastecer el mercado doméstico, en medio de la peor crisis de combustible en el país.
“Esas refinerías están recuperándose para garantizar el consumo interno. Van a llegar a niveles de 200 mil o 300 mil barriles diarios. Entonces quedaría una pequeña cantidad de exportación, pero no se van a llegar a los niveles de exportar gasolina, exportar queroseno”, opinó el experto en petróleos en entrevista con Venezuela 360.
Otro tema aparte, más allá del dinero que se requiere para levantar la producción hasta los niveles del 98, es quién estaría dispuesto a invertir en PDVSA en medio del panorama de sanciones de Estados Unidos contra la petrolera venezolana. Según José Toro Hardy, exdirector principal de la compañía, la seguridad jurídica sería el principal obstáculo en el camino, incluso entre los socios de Venezuela.
“Si estamos pensando en inversionistas locales para hacer esas inversiones no los hay. En Venezuela no hay capital suficiente para invertir en la recuperación de la industria petrolera. Creo que los inversionistas chinos requieren de la misma seguridad jurídica que un inversionista de los Estados Unidos”, asegura Toro Hardy.
El pasado año, la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela aprobó la conocida como ‘Ley Antibloqueo’, una legislación que le otorga poderes extraordinarios al presidente Nicolás Maduro para firmar acuerdos petroleros con empresas privadas, tanto nacionales como extranjeras. Pero con un legislativo conformado en su mayoría por diputados oficialistas, un futuro cambio de gobierno en Venezuela podría dejar en el aire los acuerdos firmados bajo la ley actual, afirman expertos.
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