La Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) señaló que solo del 5 al 6 por ciento de las pruebas de coronavirus en Venezuela son PCR (de reacción en cadena de la polimerasa), consideradas las más confiables para detectar la COVID-19.
En un informe publicado el pasado domingo, la OCHA dijo que "hasta el 28 de julio, se han realizado un total de 1.511.433 pruebas diagnósticas de COVID-19, de las cuales se estima que alrededor del 5 a 6 por ciento son pruebas PCR".
Agregó que el gobierno en disputa sigue trabajando para "descentralizar e incrementar las capacidades de diagnóstico PCR con el apoyo de la OPS/OMS (Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud)". Además, se activó a finales de julio un segundo laboratorio en la capital venezolana para estudiar las pruebas PCR y agilizar la detección de contagios.
Así mismo, el informe señaló que entre los diversos factores que han generado contagios entre el personal de salud, se puede encontrar "la limitada disponibilidad de Equipos de Protección Personal (EPP) o su uso inadecuado."
Al respecto, dice el texto, hasta el 11 de julio, se habían confirmado 212 casos de COVID-19 entre el personal sanitario.
"Es imperativo fortalecer el diagnóstico por PCR de la enfermedad en la población en general, trabajadores de salud y grupos de riesgos, sobre todo en la población migrante", dice la ONU.
Durante las dos primeras semanas de julio, señala la ONU, la OPS/OMS entregó más de 20 toneladas de EPP en 31 hospitales y otros centros de salud. La prioridad se concentró en seis estados venezolanos que concentran el mayor número de casos confirmados: Apure, Bolívar, Distrito Capital, Miranda, Táchira y Zulia.
Así mismo, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo "inició un esquema de entrega de insumos hospitalarios de 400 mil mascarillas en 52 Áreas de Salud Integral Comunitarias" y kits de desinfección en 16 hospitales centinelas.
UNICEF también aportó 15 toneladas de EPP para los trabajadores de primera línea.
Incrementan necesidades humanitarias
El informe de la ONU advierte que los impactos socioeconómicos generados por la pandemia de la COVID-19 han incrementado "la preocupación sobre la posible exacerbación de las necesidades humanitarias en el país", en especial por los efectos que genera la cuarentena en el ámbito económico, "así como por la caída de los precios y la producción de petróleo, y la reducción en la demanda de los hogares por la pérdida de ingresos".
Venezuela ha permanecido bajo decreto de Estado de Alarma, y el gobierno en disputa ha implementado una cuarentena, con flexibilización de algunas actividades.
La ONU señala que el acceso a servicios público "sigue siendo un reto". "Hay reportes sobre el creciente número de personas que utilizan biomasa y leña para cocinar debido a la falta de gas doméstico, así como frecuentes fallas en el acceso al agua y cortes de energía eléctrica en varios estados".
Así mismo, continúa el reporte de escasez de combustible, a pesar de una leve mejoría a respecto.
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, la prevalencia de subalimentación en Venezuela impacta a 9,1 millones de personas y aumentó de 2,5 por ciento en el período 2010-2012 a 31,4 por ciento en el período 2017-2019.
Con el objetivo de brindar asistencia humanitaria a 4,5 millones de venezolanos vulnerables, la OCHA dice en su informe que el 15 de julio se publicó el Plan de Respuesta Humanitaria con Panorama de Necesidades Humanitarias 2020, el cual requiere de 762,5 millones de dólares y tiene como objetivo "prestar asistencia de emergencia para salvar vidas, asegurar los medios de vida mediante un mejor acceso a los servicios básicos y garantizar la protección de los más vulnerables".
También, incorpora actividades de la ONU para luchar contra la pandemia COVID-19, incluso para venezolanos retornados.
Según el informe, hasta el 28 de julio, más de 72.517 personas habían regresado a Venezuela por fronteras terrestres, especialmente por el estado Táchira, hasta el 28 de julio.
Por su parte, Migración Colombia informó que más de 90.000 venezolanos han salido de su territorio.
Para ellos, dice la ONU, se han establecido Puntos de Atención Social Integral (PASI) en los estados fronterizos, para alojar en período de cuarentena a venezolanos que estén regresando a su país.
No obstante, dice que es necesario "elaborar o socializar los lineamientos nacionales para la detección y atención de COVID-19 en retornados y prevención de infecciones en espacios de alojamiento temporal", así como fortalecer la capacidad de respuesta de estos puntos y del personal encargado, y fortalecer la rutas epidemiológicas de los retornados para evitar contagios.
Según la Universidad Johns Hopkins, Venezuela reporta 20.754 casos confirmados y 180 fallecimientos por COVID-19. Los estados más afectados, dice la ONU, son el Distrito Capital, Zulia, Miranda, Apure, Táchira y Bolívar.
"Hubo un cambio en la tendencia del tipo de contagios desde el 6 de julio, reportándose mayor incidencia de casos por transmisión comunitaria (67%) que de casos importados confirmados en las personas retornadas", dice el informe.
Otros frentes
La Oficina de la ONU también señala que es importante mantener los esfuerzos en una "respuesta epidemiológica en general" y controlar "enfermedades
inmunoprevenibles en los estados priorizados y la prevención de la reintroducción del virus de sarampión en Venezuela".
Así mismo, apoyar a la población vulnerable, pues en el contexto de la pandemia, "hay un incremento de reportes de casos de abuso, incluyendo sexual y otras formas de violencia y maltrato infantil en el hogar hacia NNAs (Niños, niñas y adolescentes".
Finalmente, incluir al comunidad indígena en los planes de prevención de la pandemia.
