El Foro Penal denunció la detención arbitraria de un miembro de esa ONG en Tucupita, en el estado de Delta Amacuro, en el oriente de Venezuela, mientras brindaba asistencia a familiares de las víctimas de un nuevo naufragio registrado la semana pasada que dejó al menos seis fallecidos, según cifras oficiales.
Siete de las 24 personas que intentaban llegar a Trinidad y Tobago fueron rescatadas y trasladadas a la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) de Tucupita, para rendir declaraciones sobre los acontecimientos, según activistas.
Gonzalo Himiob, vicepresidente del Foro Penal, dijo el lunes a la Voz de América que la denuncia de la detención del abogado Orlando Moreno fue presentada ante instancias internacionales.
“Estaba en labores defensa de derechos humanos asistiendo a los familiares de las víctimas de un naufragio que se dio de unos pobladores que intentaban huir del país hacia Trinidad y Tobago. Fue arbitrariamente detenido por el CICPC, fue golpeado en el momento de su detención”, narró Himiob.
Más tarde, Alfredo Romero, presidente del Foro Penal, agregó que “sin duda la detención es con fines políticos: gobernadora de Delta Amacuro lo condenó públicamente sin haber sido presentado en un tribunal”.
Lizeta Hernández, gobernadora del estado Delta Amacuro, aseguró que Moreno fue detenido por “instigación al odio”
“No es corderito al que se detuvo. Este ciudadano en años pasados en la ciudad de Caracas, también fue detenido por el mismo hecho. Por eso no debemos caer en esos actos criminales de transferir odio entre quienes necesitamos solidaridad, amor, paz y entendimiento”, sentenció la funcionaria.
A través de su cuenta en Twitter, Moreno había divulgado videos en los que se ve a familiares de los sobrevivientes del naufragio exigir información sobre su condición.
Al respecto, la directora de Amnistía Internacional para las Américas, Erika Guevara-Rosas, expresó en su cuenta en Twitter que las autoridades venezolanas “no sólo generan un contexto de masivas violaciones de derechos humanos que obliga a personas a tomar altos riesgos para buscar refugio, sino que persiguen y criminalizan a defensores que protegen a las víctimas”.
En noviembre del año pasado, 29 venezolanos, entre ellos 16 menores de edad, fueron detenidos y devueltos a altamar por autoridades trinitarias, en medio de una tormenta y en embarcaciones que no garantizaban su seguridad. Tras una orden judicial, las autoridades se vieron forzadas a regresarlos.
Posteriormente, el canciller Jorge Arreaza anunció que sostendría un encuentro con el Gobierno de Trinidad y Tobago para abordar “temas de seguridad, movilidad humana y lucha contra la delincuencia y narcotráfico”.
Al menos 32 personas murieron ahogadas en diciembre cuando intentaban cumplir un trayecto similar.
“Se van por las costas a riesgo de sus propias vidas y que son muchas veces explotados por la trata de blancas y por narcotraficantes que circundan la zona”, lamentó Williams Dávila, miembro de la autodenominada Comisión Delegada del Parlamento de 2015 quien subrayó la gravedad de la situación.
Según ACNUR, más de 5 millones 400.000 venezolanos han salido del país huyendo de “la violencia, la inseguridad y las amenazas, así como la falta de alimentos, medicinas y servicios esenciales”.
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