Organizaciones No Gubernamentales denuncian actos de criminalización contra periodistas y organizaciones de la sociedad civil que han informado sobre el naufragio en el que al menos 28 personas murieron la semana pasada en costas venezolanas
Tanto el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) como Control Ciudadano acusaron a Mario Silva, militante del partido del Gobierno en disputa, diputado electo y conductor de un programa transmitido a través del canal del Estado, de “amenazar, intimidar, hostigar y exponer” a periodistas y defensores de derechos humanos.
Posteriormente la ministra de interior del Gobierno en disputa, Carmen Meléndez, anunció el inicio de una investigación para, según dijo, “determinar informaciones difundidas por extremistas de la oposición venezolana” a quienes acusó de preceder a los resultados de la investigación.
Consultado por la Voz de América, el secretario general del Colegio Nacional de Periodistas seccional Caracas, Edgar Cárdenas, afirmó que desde las altas esferas del poder insisten en instaurar “un silencio informativo”.
“Condenamos se pretenda satanizar la labor periodística y el derecho de informar y estar informados. Insistimos en denunciar toda la estrategia gubernamental que busca silenciar la información, legitimando la censura y criminalizando la opinión” dijo.
Cárdenas subrayó además que ejercer el periodismo en Venezuela se ha convertido en una “acción de alto riesgo”
“Se les persigue, se les hostiga, se les abre juicios en tribunales y este año 2020 ha sido un año terrible para el ejercicio del periodismo en Venezuela” agregó.
La ONG Control Ciudadano sostiene que el Estado es responsable de la “seguridad humana” en áreas marítimas de Venezuela y condena el “hermetismo” con el que aseguran las autoridades venezolanas han manejado el caso del naufragio.
